Autoridades mexiquenses vinculan redes criminales y servidores en despojos de la región

Varios funcionarios están en la mira de las autoridades por la supuesta venta de información a grupos delictivos para facilitar invasión de viviendas y terrenos

Autoridades del Estado de México han detectado una red de servidores públicos, entre ellos varios trabajadores del Instituto de la Función Registral, que venden información a miembros de bandas criminales para el despojo de casas, departamentos o terrenos.

Los datos, de acuerdo con una investigación de medios nacionales, se refieren a viviendas en abandono o con rezagos en el pago de predial. Con este antecedente, los grupos delictivos se apoderan de estas propiedades con invasiones o rentándoselas de manera ilegal a terceros, a un menor costo que en el mercado formal. Además, les ofrecen la “garantía” de que, si llegan a tener algún problema, la organización los defenderá.

En estas redes también están involucrados jueces y funcionarios del Poder Judicial del Estado del México. Incluso, un juzgador y un secretario judicial están presos por trabajar dentro de un cártel inmobiliario que operaba en los municipios de Nicolás Romero y Coacalco.

La Fiscalía mexiquense sigue la huella al menos a dos docenas de grupos delictivos dedicados a los despojos en zonas de distinta plusvalía, desde Valle de Bravo hasta Chalco.

Entre ellos está el llamado “sindicato” 22 de Octubre, ligado al caso que derivó, el pasado el 1 de abril, en el asesinato de dos hombres, presuntos invasores de una vivienda, a manos de Carlota “N”, de 73 años, y sus hijos.

En el caso particular de la agrupación 22 de Octubre, se tienen registros de que, además del despojo de inmuebles, se dedican a la extorsión y al control de bicitaxis en los que presumiblemente trafican drogas, al estilo de la banda que encabezó El Ojos en Tláhuac, en la Ciudad de México.

Funcionarios y jueces meten mano en despojo de inmuebles

Bandas delincuenciales de distintas escalas, que van desde grupos locales hasta membretes relacionados con la macrocriminalidad, algunos de estos coludidos con empleados de gobierno, jueces y secretarios del Poder Judicial del Estado del México, son los responsables del despojo de terrenos, casas y departamentos en esa entidad.

La Fiscalía mexiquense tiene identificadas, al menos, a dos docenas de grupos criminales, entre ellos los que señaladamente se dedican al despojo de predios y construcciones en distintas zonas y niveles de plusvalía en la entidad.

La banda delincuencial 22 de Octubre que se hace llamar “sindicato” es la que está directamente relacionada con los hechos del 1 de abril pasado en Chalco. Ese día fueron asesinados Esaú y Justin Márquez.  Justin ocupaba con su pareja sentimental la propiedad de Mariana Santana Alfaro, que compró hace 10 años a través de un crédito hipotecario de Foviste. Esaú, padre de Justin, estaba de visita en el lugar.

La asesina de padre e hijo es Carlota “N”, de 73 años, quien el viernes fue recluida en el penal de Chalco, junto con dos de sus hijos.

El lunes pasado, Carlota “N” fue al lugar para intentar recuperar la casa de su hija en La Labor Manzana 18 Lote 20 Casa 20 B, colonia Exhacienda de Guadalupe, en la Unidad Exhacienda de Guadalupe, en el municipio de Chalco, que había sido ocupada ilegalmente; ahí, asesinó a balazos a los dos hombres.

El impacto que causó no fue sólo por tratarse de una anciana, sino por que están las grabaciones que circularon en redes sociales, donde se ve a la mujer que empuña con destreza el arma.

La Fiscalía estatal investiga si Esaú, de 51 años, y su hijo Justin, de 19, eran parte de 22 de Octubre o eran clientes de la organización criminal. En las pesquisas apareció un detalle que llamó la atención: dentro del departamento allanado por los Márquez había una planta para soldar.

Se esfuma familia de asesinados

Como parte de su deslinde de cualquier grupo criminal, la familia Márquez informó a las autoridades que había rentado la vivienda a través de internet, sin dar mayor información de quién les habría entregado las llaves del lugar.

Vecinos mencionaron a investigadores que a los hombres asesinados los ubicaban dentro de la misma unidad habitacional, pero en distintas direcciones.

La familia de Esaú y Justin desaparecieron de la escena, a pesar de ser víctimas; obtuvieron los cuerpos y con el argumento de que eran originarios de Tlaxcala prácticamente se esfumaron. No han vuelto a comparecer ante el MP.

Una línea de investigación apunta a que Esaú y Justin pudieron haber sido parte de la estructura criminal. Una pista está en la declaración ministerial de Mariana Santana, quien afirmó en su denuncia de despojo, del 27 de marzo pasado, que tres sujetos entraron a su propiedad y sacaron cosas sin su autorización. Ella acreditó la propiedad de la vivienda que nunca ha habitado, pero que ocasionalmente ha rentado, aunque no le alquiló a la familia Márquez.

De acuerdo con informes oficiales, el “sindicato” 22 de Octubre opera desde hace años en la zona oriente del Valle de México o la llamada zona de Los Volcanes. Tiene presencia en Nezahualcóyotl, Chalco, Valle de Chalco, Ixtapaluca, Los Reyes La Paz y una parte de Chimalhuacán, región densamente poblada.

Las zonas con mayor incidencia de despojos inmobiliarios, según datos oficiales, son Ecatepec, Tecámac, Chalco y Valle de Chalco. Los grupos criminales se han apropiado principalmente de viviendas en fraccionamientos como el de Los Héroes Tecámac y Los Héroes Ecatepec, donde hay miles de viviendas y han ido haciendo sus nidos.

Mercado ilegal

La necesidad de vivienda en esas zonas del Estado de México ha desarrollado un mercado inmobiliario ilegal en colusión con funcionarios de algunos órganos de la administración pública, como el Instituto de la Función Registral del Estado de México (Infrem), para obtener información de propiedades en supuesto estado de abandono, principalmente con rezagos en pagos prediales.

Se tiene detectada una red de personas que trabaja en la administración pública mexiquense que vende información a bandas criminales que se encargan de sistematizar la información para después apoderarse de bienes inmuebles que ponen a disposición —virtual o presencialmente— de personas con necesidad de una vivienda a menor costo del mercado formal, con la “garantía” de que si llegan a tener algún problema, la organización los va a defender.

Eventualmente, a las personas que les alquilan un inmueble apoderado, los grupos criminales les garantizan que el mayor problema al que se enfrentarían es a un juicio civil, lo que les permitiría permanecer en la vivienda invadida, vía un amparo, hasta que se logre la adjudicación del inmueble y entonces la organización recibiría un pago por la propiedad obtenida vía una sentencia judicial.

También se ha detectado que operan de forma más simple, redactan contratos de arrendamiento y los presentan ante la Fiscalía o ante un Juzgado de lo Civil y, a partir de ahí, el problema se extiende por años y muchas veces por falta de dinero para seguir el juicio el propietario termina perdiendo su inmueble.

Desmantelan redes en poder judicial

Durante la gestión de Ricardo Sodi Cuéllar como magistrado presidente del Poder Judicial mexiquense —que actualmente compite para ser magistrado de la SCJN—, se detectaron y desmantelaron cuatro redes de un cártel inmobiliario dentro del Poder Judicial.

Entre los integrantes de estas redes estaban un juez y un secretario de juzgado, actualmente presos. Las redes descubiertas por el magistrado Sodi operaban en los municipios de Nicolás Romero y Coacalco, pero también se detectó la operación de estas bandas en Naucalpan, Tlanepantla y Valle de Bravo, zonas de alta plusvalía.

En el caso particular de la 22 de Octubre se tienen registros de que además del despojo de bienes inmuebles se dedican a la extorsión y, eventualmente, al control de bicitaxis, donde presumiblemente realizan un trasiego de drogas, al estilo de la banda que encabezó El Ojos en Tláhuac, en la CDMX.

De acuerdo con testimonios recogidos por la autoridad ministerial del Estado de México, quienes arrendan una bien inmueble a las bandas criminales no son arrendadores de buena fe, es decir, saben que se están involucrando en un negocio ilegal, no sólo por el bajo costo del supuesto alquiler, que es más bajo que en el mercado legal, sino a quién le solicitan la transacción inmobiliaria.

Pasos de antorcha campesina

El mecanismo de apoderamiento de un bien inmueble que están desarrollando las bandas criminales en el Estado de México se asemeja al modus operandi que en un tiempo implemento Antorcha Campesina, un grupo de supuesto corte social, de filiación priista.

El “sindicato” 22 de Octubre funciona con un estilo de membresía: sus integrantes adquieren algún tipo de distintivo que alquilan a un costo determinado y por algún tiempo limitado, que les proporciona identidad, libre tránsito e impunidad, lo que no constituye ningún delito per se, por lo que ninguna autoridad pueda actuar, aunque sea del dominio público. Eso mismo sucede con la Unión 300, que regularmente se desplaza en camionetas de transporte colectivo.

El “sindicato” 22 de Octubre, según los reportes de investigación, estuvo muy cerca de otro grupo criminal denominado “sindicato” Libertad, que también ha evolucionado en ciertas partes del sur de la CDMX, a la par de sus operaciones en Ecatepec, Coacalco, Teotihuacán, Otumba, Valle de Chalco, Ixtapaluca y Chalco, en el Estado de México.

En la lista de grupos criminales que ha hecho pública la Fiscalía mexiquense también están Gente Delos y Los Mayas, ambos con base en Ecatepec; igual que la Familia Michoacana (con presencia en 75 municipios del Edomex), que supuestamente ha tenido distintas refriegas por territorios con el “sindicato” 22 de Octubre, el Cártel Jalisco Nueva Generación (con operaciones en 60 municipios mexiquenses), Los Lobos, Los Mazos y Los Hijos del Diablo, entre otros.