El estado se convirtió en el quinceavo estado en aprobar el traspaso de la Guardia Nacional
En sesión ordinaria, el Congreso de Puebla autorizó las reformas que avalarían el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional misma que reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público.
Estas iniciativas forman parte de un paquete más amplio de 18 reformas constitucionales propuestas por Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero y que fueron avaladas recientemente en el Congreso de la Unión.
En primer lugar, con 33 votos a favor y 7 en contra, Puebla se convirtió en el décimo quinto estado en aprobar el traspaso de la Guardia Nacional, aunque la decisión generó un intenso debate entre los legisladores.
La controversia fue palpable, con los diputados del PAN exhibiendo una lona en el recinto que expresaba su rechazo a lo que consideran una militarización del país. La diputada Susana Riestra destacó la necesidad de fortalecer las policías locales en lugar de delegar la seguridad pública a las fuerzas armadas.
En contraste, el diputado de Morena, Andrés Villegas Mendoza, defendió la reforma al asegurar que esta medida cambiará la historia y será fundamental para el futuro de la Guardia Nacional.
El debate no se limitó a los miembros del PAN; legisladores del PRI, como Delfina Pozos, también criticaron la reforma. Mientras tanto, Azucena Rosas Tapia, de Morena, argumentó que el pasado del PAN demuestra cómo utilizaron a las fuerzas de seguridad para reprimir al pueblo.
Avalan reforma para derechos de pueblos indígenas
Además, el Congreso local aprobó, con 40 votos a favor y sin oposición, el dictamen que reconoce los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos.
Este decreto es significativo, ya que por primera vez se les reconoce como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio en un país donde 23 millones de personas se identifican como parte de estos grupos.
La reforma también resalta la diversidad étnica y cultural de la nación y establece en la Constitución el derecho de estas comunidades a ser consultadas de manera libre, previa e informada sobre legislaciones y decisiones administrativas que puedan impactar sus vidas y entornos.
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