Por medio de un recurso colectivo, 727 trabajadores de los sectores público y privado acudieron a la protección de la justicia federal, tras que sus ahorros estaban en riesgo
Más de 700 empleados tanto de empresas privadas y del gobierno presentaron la primera demanda de amparo contra el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que entró en vigor el pasado 1 de mayo.
Rodolfo Martínez Ayala, socio de Trusan & Roma, despacho legal que representa a los inconformes, explicó en un mensaje vía redes sociales que la reforma afecta la forma como los trabajadores decidieron manejar en el futuro sus recursos en las diferentes administradoras.
Afuera de la sede del Consejo de la Judicatura Federal, calificó el decreto de inconstitucional, ya que es “retroactivo y además vulnera el principio de seguridad jurídica”.
Más tarde, en entrevista radiofónica en medios nacionales, alertó que si bien el fondo servirá para completar las pensiones de quienes ganen hasta 16 mil pesos al mes, esto será posible siempre y cuando haya disponibilidad de dinero. “Es decir, pareciera acusarse de que eventualmente se va a quedar sin recursos”, señaló.
Para el abogado, al no ser un fondo autofinanciable, se entrará en el modelo que en el argot financiero se la llama esquema Ponzi o piramidal. Adelantó que en las próximas semanas más trabajadores del sector público presentarán demandas de amparo para que sus ahorros no se vean afectados por la creación del fondo, entre ellos, empleados del Inegi, de la Guardia Nacional, del INE y varias dependencias federales.
La reforma, concretada por el Senado el 26 de abril, fue publicada el día 30 en el Diario Oficial de la Federación y un día después el titular del Ejecutivo federal la firmó, en el marco del Día del Trabajo.
Se amparan 727 contra el fondo para pensiones; defienden afores
Trabajadores de los sectores público y privado presentaron una demanda contra la reforma que permite tomar recursos de cuentas inactivas.
Más de 700 trabajadores de los sectores público y privado promovieron ante el Consejo de la Judicatura Federal la primera demanda de amparo contra la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, que entró en vigor el pasado 1 de mayo.
A través de un video compartido en redes sociales, socios del despacho legal Trusan & Roma dieron a conocer que el recurso está firmado por 727 personas.
“Están presentando esta demanda de amparo porque (el fondo) afecta la forma en que ellos decidieron que iban a manejar en el futuro sus recursos en las diferentes administradoras”, explicó el abogado Rodolfo Martínez Ayala.
Además, calificó el decreto de inconstitucional, ya que la reforma es “retroactiva y además vulnera el principio de seguridad jurídica”.
La madrugada del pasado 26 de abril, en un debate de más de ocho horas, el Senado concretó la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, que se alimentará de 40 mil millones de pesos de ahorros en cuentas de afores no reclamadas por personas de 70 años y más, así como por utilidades del Tren Maya, del AIFA, de Mexicana de Aviación y otros recursos.
Las cuentas no reclamadas de los trabajadores del Estado de la tercera edad también se transferirán al fideicomiso, que Hacienda creará en Banxico, sin que sea necesario esperar una resolución judicial.
La iniciativa, impulsada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, constó de reformas a leyes como la del IMSS, del ISSSTE, del Infonavit; del Sistema de Ahorro para el Retiro y del Presupuesto. Fue publicada el 30 de abril en el Diario Oficial de la Federación y un día después el titular del Ejecutivo federal la firmó, en el marco del Día del Trabajo.
El despacho Trusan & Roma adelantó que en las próximas semanas más trabajadores del sector público presentarán demandas de amparo para que sus ahorros no se ven afectados por la creación del fondo.
Entre ellos, aseguró el litigante, estarán empleados del Inegi, de la Comisión Nacional Bancaria, de la Guardia Nacional, del Instituto Nacional Electoral y varias dependencias federales.
Durante la misma entrevista radiofónica, Martínez Ayala detalló que el principal argumento de la demanda colectiva es que la transferencia de recursos de las afores no sería sólo de las cuentas inactivas.
En específico, indicó, la reforma al artículo 302 de la Ley del IMSS habla de que cuando el trabajador cumpla 70 años, su cuenta de ahorro para el retiro pasará al fondo, lo que no aplicará para quien tenga una relación laboral activa.
Argumentó que lo anterior es ambiguo, ya que si hoy alguien cumple 70 años y decide hoy mismo terminar su relación laboral activa, en 60 días se podría ejecutar todo lo que dice la reforma y sus recursos ahorrados en su afore pasarán al fondo de pensiones.
Alertó que si bien el fondo servirá para completar pensiones de quienes ganen hasta 16 mil pesos al mes, esto será posible siempre y cuando haya disponibilidad. “Es decir, el mismo artículo pareciera acusarse de que eventualmente se va a quedar sin recursos”, señaló.
Para el abogado, al no ser un fondo autofinanciable se entrará en el modelo que en el argot financiero se la llama esquema Ponzi o piramidal, “es decir, en algún momento toda la base que debiese estar sosteniendo a los de hasta arriba se derrumba, porque no hay una fuente de financiamiento concreta”, advirtió.
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