Empresarios demandan liberar la autopista, que fue tomada desde hace 3 días por decenas de ejidatarios.
Durante la tarde de ayer la autopista México-Puebla fue reabierta a la circulación vehicular, al principio en forma intermitente y después de manera parcial permanente, por los campesinos del ejido de Ignacio López Rayón, localizado en el municipio poblano de Santa Rita Tlahuapan, quienes exigen al gobierno federal el pago por la expropiación de sus tierras para la construcción de esta vía terrestre.
El bloqueo ha causado daños por más de 10 mil millones de pesos, de acuerdo con la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar).
Tras 48 horas de manifestación, la Fiscalía General del Estado recibió la primera denuncia penal, pese a que la vialidad tiene competencia federal; sin embargo, su titular, Gilberto Higuera Bernal, explicó que indagará la comisión de delitos del fuero común.
Los ejidatarios tuvieron este jueves una asamblea en el kilómetro 74 de la autopista, donde suspendieron la circulación vehicular desde el pasado martes y en donde conductores de unidades de carga tomaron la decisión de encararlos para exigir que retiraran el plantón.
La reunión estuvo encabezada por los abogados Jorge Portilla Alba y Patricia Rodríguez Flores, con quienes convinieron que reabrirían la autopista dos horas y volverían a cerrarla por otras dos, hasta que el gobierno de la República reconozca la deuda y cubra la indemnización; empero, en la noche acordaron con la Secretaría de Gobernación (Segob) dejar un carril abierto por sentido de manera permanente.
En sus redes sociales, el gobierno de Puebla compartió un mensaje en el que indica que esta tarde realizaron una mesa de trabajo con representantes de los grupos afectados, en la que se alcanzó el acuerdo.
“Se acordó que se dejará el libre tránsito en un carril de manera permanente para evitar mayores afectaciones a la ciudadanía, en tanto se desahoguen las mesas de diálogo para el pago correspondiente, a través de las instancias federales y carreteras de cuota”, indicó el gobierno de Puebla.
Portilla Alba negó que sus clientes hayan recibido en 2018 algún pago por sus tierras expropiadas para construir la autopista México-Puebla, por lo que insistió en que el gobierno federal debe escuchar a los campesinos.
Cabe destacar que la región de Puebla y Tlaxcala amaneció con cinco vías terrestres bloqueadas: la autopista y la carretera México-Puebla, Arco Norte, carretera México-Veracruz y la autopista Tlaxco-Tejocotal, donde Rodríguez Flores admitió que habían organizado a campesinos para realizar estas manifestaciones.
En conferencia de prensa, el fiscal general, Gilberto Higuera Bernal, recordó que la vialidad es de jurisdicción federal, pero, debido a la denuncia promovida por un particular, está obligada la institución a investigar la posible comisión de delitos del fuero común.
Previamente, manifestantes en Apizaco-Huamantla dijeron que sólo abrirían definitivamente el carril en caso de que tuviera que pasar una ambulancia.
La IP pide intervención
El impacto económico por el cierre de la autopista México-Puebla y del Arco Norte asciende a 10 mil millones de pesos, advirtió la Canacar en su comunicado.
En conferencia, Miguel Ángel Martínez Millán, presidente del organismo, detalló que más de 100 mil tractocamiones de sus afiliados están varados por los bloqueos que ejidatarios poblanos de Santa Rita Tlahuapan mantienen en kilómetro 74 de la autopista México-Puebla; el kilómetro 182 del Arco Norte, la altura de Calpulalpan, y la carretera Tlaxco-Tejocotal, a la altura de Chignahuapan, ambos en Tlaxcala.
El presidente de la Canacar hizo un llamado tanto a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, como a la Secretaría de Gobernación, a que liberen las vías bloqueadas.
Es crucial que se realicen las acciones pertinentes conforme a derecho para garantizar el libre tránsito y la movilidad de los ciudadanos. Nos pronunciamos para que se levanten los bloqueos que tanto afectan a la ciudadanía”, señaló.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió en un comunicado que “la seguridad jurídica y el respeto a la ley son fundamentales para el desarrollo económico y social de México. Exhortamos a las autoridades a que encuentren una solución justa y expedita que contemple las legítimas demandas de los manifestantes sin afectar el bienestar de la colectividad”.
Con información de Miriam Bueno.
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