Entre los funcionarios de las alcaldías de la CDMX y el Poder Ejecutivo acumulan las sanciones por no seguir las resoluciones del Inai y sus pares locales, revelan censos del Inegi
En dos años, las multas contra servidores públicos que no siguieron determinaciones federales y estatales en temas de transparencia y protección de datos personales se incrementaron más de 100%, de acuerdo con el Inegi.
Datos del Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales Estatal y Federal 2023 indican que durante 2022 se impusieron tres mil 843 medidas de apremio a servidores públicos por distintas omisiones, lo que representa un aumento de 102.4% respecto a 2020, cuando se registraron mil 899 sanciones.
Del total, 99.9% de las medidas (tres mil 841 casos) se registró en materia de acceso a la información pública y 0.1% (dos casos) en protección de datos personales.
Las sanciones impuestas con mayor más frecuencia fueron “otra medida de apremio” y “amonestación pública”. Las alcaldías de la Ciudad de México concentraron la mayor parte de las medidas de apremio, con 72.1% del total, seguidas del Poder Ejecutivo federal (10.8%) y los sindicatos (1.4%).
Sin embargo, no sólo los funcionarios públicos fueron sancionados por fomentar la opacidad o no proteger los datos personales. Los censos del Inegi revelan que durante 2022 el Inai y los organismos garantes (OG) estatales impusieron mil 497 sanciones a los sujetos obligados por incumplir sus responsabilidades, lo que representa un incremento de 704% en comparación con las 186 sanciones reportadas en 2020.
El total de dinero recabado por las multas a los sujetos obligados fue de cuatro millones 446 mil 216 pesos, con Nuevo León como la entidad con mayor monto (dos millones 295 mil 868 pesos), seguida de Zacatecas (un millón 295 mil 780 pesos) y Tlaxcala (678 mil 351 pesos).
Denuncias
Durante 2022, el Inai y los organismos garantes estatales recibieron 190 denuncias contra sus empleados por presuntamente incumplir obligaciones, 30% más que las 146 de hace cuatro años. Del total de las denuncias, 16.8% (32) fueron al Inai y 83.2% (158) a los estados
También se iniciaron 262 investigaciones (32 del Inai y 230 de los OG) por la presunta responsabilidad de faltas administrativas cometidas por sus empleados. En esta cifra también hay un incremento de 63.8% con respecto a 2020.
Por otro lado, se concluyeron 156 investigaciones (32 del Inai y 124 de los OG) que, en comparación con 2020, aumentaron 16.4%”, agregó el Inegi.
En el mismo periodo, se iniciaron 15 procedimientos (dos del Inai y 13 de los OG) y se concluyeron 31 procedimientos (cuatro y 27) sobre responsabilidad administrativa. Comparado con 2020, los procedimientos iniciados disminuyeron 34.8%, mientras que los procedimientos concluidos aumentaron 287.5 por ciento.
En 2020 y 2022 fueron sancionados cinco y siete servidores públicos de los organismos garantes, en ambos años por faltas administrativas no graves. Sus sanciones fueron amonestación privada (seis casos), amonestación pública (cinco casos) e inhabilitación temporal (un caso). En dichos años no hubo funcionarios del Inai sancionados.
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