La confianza depositada en la BUAP está fincada en el manejo transparente de los recursos: Rectora María Lilia Cedillo Ramírez
La confianza que la sociedad tiene en la BUAP, al confiar la formación educativa de los jóvenes, está fincada en el manejo transparente de los recursos; así también por parte de las autoridades federales y estatales, con la rendición de cuentas claras, expresó la Rectora María Lilia Cedillo Ramírez, luego de agradecer el trabajo responsable del Honorable Consejo Universitario, cuyos integrantes por unanimidad de votos aprobaron la contratación de Borja Rendón Consultores, S.C., como auditor externo de la institución.
La terna propuesta por la Rectora de la BUAP estuvo integrada por los despachos Deghosa Internacional Consultores, S.C., Integradora Corporativa y Empresarial, S.C., y Borja Rendón Consultores, S.C. El voto de los consejeros universitarios favoreció a este último, al considerar no sólo la propuesta económica más baja, sino además su experiencia en auditorías gubernamentales privadas, en el sector educativo y en los ámbitos federal, estatal y municipal en materia fiscal.
Así, también, porque cuenta con registro federal en la Secretaría de la Función Pública, indispensable para presentar informes financieros ante la Secretaría de Educación Pública.
“Ellos serán los ojos críticos que nos ven y nos dicen si estamos haciendo bien las cosas en materia de manejo transparente de los recursos”, expresó la doctora Cedillo Ramírez con relación a la función que desempeñará Borja Rendón Consultores, en el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023.
Asimismo, para ajustar tiempos y procesos que marcan los estatutos y normativa universitaria, el H. Consejo Universitario aprobó la propuesta de la Rectora María Lilia Cedillo Ramírez para que los integrantes de los Consejos de Unidad Académica, electos para el periodo 2021-2023, permanezcan en el cargo hasta el octubre próximo, a fin de ajustar los tiempos previstos por la legislación universitaria, la cual marca las elecciones y toma de protesta para ese mes.
La ampliación de los periodos tiene su antecedente en los procesos electorales de 2020, suspendidos por la pandemia. En ese momento se determinó que los consejeros y otras autoridades permanecieran en sus cargos para no afectar las actividades sustantivas de la institución. La propuesta de la Rectora se sustenta en este antecedente, después de que la Secretaría General recibió solicitudes que informaron que el término del periodo de dos años que corresponde a los miembros de los 44 consejos de unidades académicas se cumple este 30 de abril, pues tomaron protesta en esa fecha de 2021.
Esta extensión cubriría cinco meses y 15 días, lo que facilitará ajustarse a los tiempos que marca la legislación universitaria. También permitirá que los estudiantes que ingresen en agosto de 2023 tengan la oportunidad de representatividad.
Así también, en la séptima sesión del año del Consejo Universitario, se aprobó la modificación de nombres de dos posgrados: Doctorado en Derecho, por Doctorado en Derecho Interdisciplinario, de la Facultad de Derecho; y, Doctorado en Procesos Territoriales: Región, Ciudad, Arquitectura y Patrimonio Edificado, por Doctorado en Procesos Territoriales, de la Facultad de Arquitectura.
El cambio de nombre del primer plan de estudios se debe a su actualización en 2021 ante la SEP. “Anteriormente cuando un programa se actualizaba y con modificaciones mayores al 30 por ciento, la SEP permitía su registro y sólo se agregaba el número del plan correspondiente. Actualmente, esta instancia tiene un nuevo procedimiento y se propuso modificar el nombre para ajustarse a tales requerimientos”, expuso el vicerrector de Investigación y Estudios de Posgrado, Ygnacio Martínez Laguna.
Ese posgrado se creó en 1999, es de modalidad presencial, con un plan de estudios de dos años, periodicidad semestral y tiene dos generaciones vigentes con el nuevo programa (2021 y 2022).
Por otra parte, el cambio de nombre del segundo doctorado corresponde a la actualización de sus campos disciplinarios, por lo que ahora dispone de una cobertura más amplia en las subdisciplinas de los procesos territoriales. Este proceso no afecta su registro ante el Sistema Nacional de Posgrados. Se creó en 2010, se actualizó con registro SEP en 2017 y tiene vigencia a partir de 2018. Tiene modalidad presencial, periodicidad semestral y un plan de estudios a cursarse en ocho semestres (cuatro años).
En la séptima sesión extraordinaria realizada en la Unidad de Seminarios en Ciudad Universitaria, los integrantes del Máximo Órgano de Gobierno de la institución abordaron y discutieron un total de seis puntos, los cuales aprobaron por unanimidad de votos.
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