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Diputados aprueban reforma a Ley de Amnistía




Foto: Especial

 

*Dicha reforma excede las facultades del titular del Ejecutivo federal ya que faculta al presidente para liberar a delincuentes

 

Integrantes de la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Amnistía, para otorgar al presidente de la República la atribución de conceder “amnistía directa” a personas sujetas a proceso o sentenciadas, “que aporten elementos útiles para conocer la verdad en casos relevantes para el Estado”.

 

Con 258 votos a favor de Morena, PT y PVEM, así como 205 en contra del bloque opositor y una abstención, los diputados avalaron, en lo general, la adición de un artículo 9° a la Ley de Amnistía, a fin de plantear que el Poder Ejecutivo federal podrá otorgar el beneficio de la amnistía de manera directa y extinguirá las acciones penales impuestas.

 

El dictamen añade un artículo nuevo a la actual ley, que plantea que el presidente podrá liberar de la cárcel a personas procesadas, sentenciadas o quienes hayan enfrentado acción penal que pudieran presentar elementos para conocer la verdad en casos relevantes.

 

El diputado de Morena Antonio De Jesús Madriz Estrada aseguró que el objetivo de la reforma es garantizar el derecho a la verdad de las víctimas sobre los hechos por las que fueron afectadas, y señaló que las anteriores reformas en materia de amnistía surgieron por la demanda de la sociedad por la falta de gobernabilidad, “sin embargo, se violentaba el derecho a la identidad”.

 

Por parte del PAN, el diputado Enrique Sosa expresó que la reforma excede las facultades del presidente de la República, y bautizaron al proyecto como #LeyAbrazoADelincuentes: “es inadmisible que se le otorgue poder a una sola persona”.

 

En la misma sesión, con 254 votos a favor, 204 en contra y cero abstenciones, los diputados aprobaron en lo general y particular reformas a los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en materia de suspensión del acto reclamado e inconstitucionalidad de normas generales). El documento fue enviado al Ejecutivo federal para su publicación.

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