Entre los pendientes se hallan las vacaciones y las pensiones a parejas gay
Leticia Robles de la Rosa // excelsior.com.mx
Hace años, el Congreso ya eliminó el veto de bolsillo, por lo que ahora el Congreso debe dar visto bueno para publicar decretos. Foto: Mateo Reyes
A pesar de transcurrir en algunos casos hasta un mes, el Ejecutivo federal tiene atorados 16 decretos aprobados por el Poder Legislativo, lo que ha impedido que entren en vigor, entre ellas tres decretos que ya rebasaron el tiempo establecido por la Constitución para que sean publicados y entren en vigor, por lo que el Ejecutivo federal ya está en falta constitucional.
El apartado B del artículo 72 constitucional establece que “se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto con observaciones a la Cámara de su origen dentro de los treinta días naturales siguientes a su recepción; vencido este plazo el Ejecutivo dispondrá de diez días naturales para promulgar y publicar la ley o decreto.
Transcurrido este segundo plazo, la ley o decreto será considerado promulgado y el presidente de la Cámara de origen ordenará dentro de los diez días naturales siguientes su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin que se requiera refrendo. Los plazos a que se refiere esta fracción no se interrumpirán si el Congreso cierra o suspende sus sesiones, en cuyo caso la devolución deberá hacerse a la Comisión Permanente”, ordena la Constitución.
Así, por el momento, el Ejecutivo federal ya no puede hacer observación alguna a los decretos referentes a la definición de rangos de edad para considerar niñez y adolescencia; lo referente al nuevo concepto de lectura fácil y lo relacionado con sanciones a quien ataque el escudo, emblema o pabellón de una nación extranjera.
Para los dos primeros casos, ya vencieron los 10 días adicionales para publicarlos y la Cámara de Diputados está en condiciones de ordenar su publicación inmediata; para el caso del tercero está en el plazo de los 10 días adicionales.
Pero hay otros 13 temas que están en la lista de decretos pendientes de publicar por el Ejecutivo federal, entre ellos las llamadas vacaciones dignas, el reconocimiento a los derechos de prestación social y pensiones a las parejas del mismo sexo y la prohibición del uso del sistema de correo nacional para el envío de drogas y otras sustancias tóxicas.
Como efecto de la reforma político-electoral del 2007, el Poder Legislativo eliminó el llamado veto de bolsillo, como se le llamó a la facultad que tuvo el Ejecutivo federal de no promulgar ni ordenar la publicación de decretos que no le agradaban y dejarlos ahí en espera, sin posibilidad de ser reclamado por el Legislativo.
Así, se decidió que conservara la facultad de observar o vetar decretos completos o alguna de sus partes, pero poner un plazo perentorio para hacerlo; de lo contrario, comienza el plazo para que el decreto camine hacia su entrada en vigor, incluso por encima de la voluntad del Ejecutivo federal.
En el año 2011 el Senado utilizó las reglas del artículo 72, fracción B, cuando Felipe Calderón estuvo en contra de la primera Ley General de Protección a Víctimas. Le dejó sin pronunciamiento jurídico durante semanas y cuando el Senado, que fue la Cámara de origen, decidió ordenar su publicación, de inmediato el Ejecutivo federal envió a los senadores las observaciones que tenía, las cuales fueron rechazadas por el pleno y se procedió a ordenar la publicación de la nueva ley.
Entre los 16 decretos que están pendientes de publicación están también ajustes a dos leyes para cambiar criterios de salarios mínimos a UMA; celebrar el natalicio de Servando Teresa de Mier; publicidad máxima del listado de entidades paraestatales, sustento legal para el reciclado de materiales en archivos; la obligación de todas las instituciones de la administración pública de eliminar todo tipo de discriminación y cambios a la vigencia de periodo de los magistrados agrarios, a fin de terminar con los cargos vitalicios.
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