La mayoría de los gobiernos estatales, reporta una carencia de fondos destinados para prevenir y atender eventos naturales considerados de alto impacto
Los estados de la federación cuentan con reservas muy limitadas para enfrentar la reconstrucción y apoyo a la población que hipotéticamente fuese afectada por desastres naturales en el país y para ejecutar acciones de prevención, advirtió un análisis de la calificadora Moody’s.
Entre 2020 y 2022, el saldo promedio de los fondos etiquetados para desastres naturales de los estados calificados por Moody’s Local México fue equivalente a 0.15% de sus ingresos operativos, un margen muy limitado para responder a eventos de alto impacto.
Para la calificadora, los choques provocados por desastres naturales pueden generar presiones en la liquidez en el corto plazo, resultado de los gastos que se realizan para cubrir las necesidades inmediatas a la población tras el desastre.
Mientras que en el mediano plazo también pueden encontrarse obligados a tomar financiamientos para la reconstrucción de infraestructura.
Los desastres naturales también pueden tener impactos negativos en los ingresos propios de los estados y municipios, especialmente cuando estos fenómenos tienen repercusiones adversas en la actividad económica a nivel regional o local, lo cual hace aún más fuerte el impacto en las finanzas públicas”, señaló.
Gráfica de barras sobre la brecha entre cobertura histórica del Fonden y las reservas propias para emergencias.
Y es que, si bien el gobierno federal sigue presupuestando recursos de manera anual para apoyar a los estados y municipios para cubrir los costos asociados con los desastres naturales, los cambios en el marco institucional del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), podrían afectar también la capacidad de apoyo del gobierno federal en el futuro.
Moody’s explicó que el Fideicomiso del Fonden registró un saldo 27 mil 602 millones al cierre de 2020, año en que el gobierno declaró el inicio de su proceso de extinción.
Entre 2021 a 2023 y el presupuesto aprobado para 2024, el monto designado para el Fonden ha fluctuado en 8 mil 727 millones y 17 mil 985 millones de pesos, por debajo del gasto promedio anual de 18 mil 141 millones a cargo del Fonden entre 2016 y 2021.
La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios establece que los estados deben constituir fideicomisos públicos fondeados con aportaciones anuales para atender desastres naturales, pero la mayoría de los estados hacen las contribuciones mínimas establecidas en la ley.
Oaxaca, Chiapas y Veracruz son los que han sufrido mayores daños, particularmente por lluvias fuertes, huracanes y sismos, mientras que otros estados son mucho menos vulnerables a los desastres.
En general, los estados más susceptibles a los desastres naturales también tienen niveles de desarrollo económico per cápita más bajos y flexibilidad financiera limitada, reduciendo su margen para absorber choques”, dijo Moody’s.
El caso de Otis
Guerrero, donde azotó el huracán Otis con categoría 5, actualmente no tiene cobertura por un seguro contra desastres naturales y en el momento del meteoro contaba con apenas 50 millones de pesos disponibles en su fideicomiso estatal para desastres naturales, más una cantidad adicional por 50 millones disponible en un fondo estatal para contingencias naturales.
Por ello, el gobierno muy probablemente seguirá dependiendo de transferencias federales dada la magnitud del desastre natural.
Además, tendrá que tomar créditos de corto plazo adicionales en el cuarto trimestre de 2023 para cubrir el mayor gasto por el huracán.
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