“Interponer una acción de inconstitucionalidad o apelar fallas en el proceso legislativo son caminos cuesta arriba contra el dictamen”, detallan politólogos y especialistas
Las opciones de la oposición para para impugnar la reforma al Poder Judicial son muy limitadas, además que hoy será declarada como constitucional, por lo que su aplicación será inminente a partir de 2025.
Politólogos y constitucionalistas consultados por medios nacionales coinciden en que las pocas rutas que existen para contrarrestarla representan un camino cuesta arriba, al ser poco viables.
El abogado Arturo Espinosa explicó que, como una reforma constitucional no puede ser declarada inconstitucional, la forma de impugnarla sería apelando a las fallas en el proceso por la vía del juicio de amparo, ya sea a través de ciudadanos, o con una acción de inconstitucionalidad por parte de los partidos o de los legisladores. Sin embargo, aclaró, la oposición en el Congreso de la Unión no tiene las firmas necesarias para interponer este recurso, pues se requiere el aval de 33% de los diputados, lo que es imposible dada la supermayoría de Morena en San Lázaro, o de un tercio de los senadores.
Honestamente, no hay muchas rutas”, sostuvo. Si la Corte rechaza un recurso interpuesto por los partidos, se podría recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y después a la Corte Interamericana, para que emita una sentencia diciendo que la reforma es violatoria de diversos preceptos de la Convención Americana, lo que tendría que acatar el gobierno, bajo pena de ser expulsado del Sistema Interamericano, aunque “tampoco creo que a México le preocupe mucho eso”, indicó.
Para la politóloga María Marván, la oposición está desarmada. “A cada paso que van dando los morenistas y el oficialismo, será más difícil detener esto”.
El diputado morenista Ricardo Monreal afirmó que no hay recurso que proceda contra la reforma.
Oposición se queda sin armas; no tiene las firmas para actuar desde el congreso
La oposición no tiene armas para hacer frente a la reforma al Poder Judicial, que hoy será declarada como constitucional, por lo que su aplicación sería inminente, ya que las pocas rutas que hay para contrarrestarla representan un camino cuesta arriba, consideran politólogos y constitucionalistas.
Dado que una reforma constitucional no puede ser declarada inconstitucional, la forma de impugnarla sería apelando a las fallas en el proceso por la vía del juicio de amparo, en el caso de la ciudadanía, o mediante una acción de inconstitucionalidad por parte de los partidos políticos y de los legisladores; sin embargo, la oposición en el Congreso no cuenta con las firmas necesarias para ello, explica Arturo Espinosa, abogado constitucionalista.
Honestamente, no hay muchas rutas; se trata de una reforma constitucional y no se pude declarar inconstitucional la Constitución. Ojo, éste es un criterio que puede evolucionar; en otros países sí se han llegado a declarar inconstitucionales las reformas constitucionales”, indicó.
Lo que sí tiene la Corte son criterios para que se pueda revisar el procedimiento de reforma a la Constitución. Vamos a ver si la Corte entra por ahí, con el procedimiento, no con el fondo de la reforma; el fondo de la Reforma podría cambiarse, siempre y cuando cambien el criterio”, detalló.
Para dicho cambio de criterio, la Suprema Corte tendría que hacer un análisis y una argumentación para decir que, en ciertos casos, una reforma constitucional puede ir en contra de los preceptos constitucionales, lo cual, de acuerdo con el especialista “se ve bastante cuesta arriba”.
La presentación de una acción de inconstitucionalidad por parte de la minoría en el Congreso quedaría, hasta el momento, descartada, pues para ello se requieren las firmas de un tercio de los integrantes de alguna de las Cámaras, lo cual resultaría imposible en la Cámara de Diputados, mientras que en el Senado se requerirían las firmas de Miguel Ángel Yunes Márquez, que votó en favor de la reforma, y de Daniel Barreda, quien no asistió a la sesión, puntualiza Arturo Espinosa.
Otra opción sería que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), presidida por Rosario Piedra Ibarra —quien llegó al frente del organismo autónomo impulsada por el actual gobierno—, presentara la acción de inconstitucionalidad, abunda.
Los partidos políticos de oposición podrían intentar presentar el recurso ante la Suprema Corte, alegando cambios al Tribunal Electoral incluidos en la reforma, ya que las fuerzas políticas sólo tienen facultades para hacer uso de acciones de inconstitucionalidad en materia electoral, agrega el especialista.
Entonces, los escenarios son reducidos. Un escenario que queda es intentarlo, que la Corte lo rechace o que lo conozca, pero no lo declare procedente, e ir al Sistema Interamericano, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y, después, a la Corte Interamericana (CoIDH), para que emita una sentencia diciendo que la reforma es violatoria de diversos preceptos de la Convención Americana y, bueno, pues ya eso tendría que acatarlo el gobierno”, indica Espinosa Silis como última opción.
Lo peor que puede pasar es que expulsen a México del Sistema Interamericano, que lo suspendan, pero tampoco creo que a México le preocupe mucho eso”, indica.
Yo no dejaría cerrado a que, entre diputados y senadores, lo intenten y digan que hay una irregularidad constitucional. La clave aquí es que lo hagan bien, que argumenten sólidamente; creo que eso es lo que se les tiene que exigir, que no lo hagan por hacer como lo hicieron en otros temas, como la impugnación de la elección”, subrayó.
Esperanza en la ciudadanía
Al respecto, María Marván, politóloga y expresidenta del extinto IFE, advierte que la oposición se encuentra desarmada. “Me parece que, a cada paso que van dando los morenistas y el oficialismo, será más difícil detener esto. Es complicado, la prisa con la que los Congresos locales se han dado a aprobarla no tiene precedentes… no sabemos hasta donde podrá llegar la ‘rebelión’ del Poder Judicial. La oposición parece desarmada, creo que se pasmó en 2018 y sigue pasmada… creo que tendrá que venir una resistencia por parte del propio Poder Judicial y de la ciudadanía”, asevera.
Sobre dicha posibilidad, Arturo Espinosa, también director de Strategia Electoral, no se muestra optimista.
La ciudadanía podría intentar con el amparo, lo cual también está cuesta arriba, porque tendría que alegar vicios al procedimiento legislativo y se tendría que reconocer que, vía amparo, se puede impugnar una reforma constitucional por vicios al procedimiento, lo cual, hasta donde he estudiado, no tengo conocimiento de que pueda pasar”.
Buscan rendija para impugnar
Sin el 33% de los diputados o senadores requeridos para presentar acciones de inconstitucionalidad, la oposición anuncia que interpondrá recursos, incluso a nivel internacional, para echar por tierra la reforma al Poder Judicial.
De manera separada, los líderes parlamentarios del PAN, PRI y MC aseguraron ayer que no acudirán hoy a convalidar la declaratoria de ese cambio y que están preparando estrategias para revertirlo.
Sin embargo, el jefe de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, se declaró confiando en que “no hay recurso que proceda contra una reforma constitucional” porque, además, dijo, se cuidó el proceso y “no hay hueco ni nada” para impugnarla.
Nada va a tirarla: Ricardo Monreal
El líder de la mayoría en San Lázaro enumeró que en este caso no procede el amparo, como tampoco la acción ni una controversia de inconstitucionalidad. “No hay ningún recurso que proceda contra el poder reformador, contra el Constituyente Permanente”, remarcó.
Monreal Ávila dijo que el Congreso y los congresos estatales que avalaron ya el dictamen en materia judicial son ese poder que “tiene la supremacía constitucional y no hay recurso que admita ninguna variación en lo que hemos hecho”.
El jefe de la diputación morenista dijo que no existe temor alguno respecto a la legalidad del proceso que dio paso a esta reforma y “no hay forma de que una impugnación pueda ponerlo en riesgo”.
Apuesta múltiple
Las coordinadoras de Acción Nacional en ambas cámaras, la diputada Noemí Luna Ayala y la senadora Guadalupe Murguía, anunciaron que, el pasado miércoles, el máximo órgano de dirección del PAN instruyó a su dirigencia a interponer una acción de inconstitucionalidad, argumentando que los partidos políticos tienen la facultad de hacerlo.
La jefa de los panistas en San Lázaro detalló que, una vez que el proceso parlamentario concluya, interpondrán un amparo, porque 399 legisladores de la actual legislatura no fueron parte de la dictaminación de la reforma realizada por la anterior Legislatura.
Alegó que, además, “no hubo tiempo ni los espacios de reflexión para que pudieran conocer un dictamen que no emana de esta Legislatura”.
Detalló que ésa es una de las varias anomalías que se presentaron en la discusión y aprobación realizadas en el Deportivo de la Magdalena Mixhuca, que fungió como sede alterna.
Dijimos con mucha claridad que íbamos a participar ad cautelam, es decir, bajo la reserva de nosotros no ser parte de un desacato a jueces federales que habían dictado que se suspendiera el proceso”, explicó la coordinadora panista en San Lázaro.
Detalló que buscarán ir a instancias internacionales, porque la reforma violenta el Estado de derecho y reseñó que ayer, simbólicamente, clausuraron la sede de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), porque ha sido omisa a las violaciones que esta reforma entraña y a las que e están afrontando, ahora, los trabajadores del Poder Judicial.
No bajan los brazos
El presidente del PRI y senador Alejandro Moreno anunció que acudirán a instancias nacionales e internacionales para impugnar y denunciar las inconsistencias del proceso legislativo. “Lo más importante será no bajar los brazos y continuar dando la batalla por México”, afirmó.
Y el jefe de los senadores de MC, Clemente Castañeda, también adelantó que impugnarán la reforma: “Vamos a agotar todas las instancias que tengamos a la mano para echarla abajo; es nociva porque vulnera el equilibrio entre los Poderes públicos”.
- Ivonne Melgar
CIDH alerta por impacto a la justicia
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó sobre los posibles impactos de la reforma al Poder Judicial en el derecho de acceso a la justicia, en las garantías de independencia judicial y en la vigencia del Estado de derecho, por lo que llamó al gobierno mexicano a garantizar que la modificación no contraviene la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La Comisión ha recibido cuantiosa información de parte de organizaciones de la sociedad civil, personas expertas y operadoras de justicia sobre las posibles afectaciones que derivarían de esta reforma constitucional frente a las obligaciones internacionales de México en materia de independencia judicial, acceso a la justicia y vigencia del Estado de derecho”, indicó el organismo de la OEA.
Destacó que las críticas que les han hecho llegar señalan que la modificación constitucional no parte de un diagnóstico sobre los verdaderos déficits en el acceso a la justicia ni contempla cómo la fuerte presencia del crimen organizado en varias zonas del país impactará en los procesos de elección popular.
-Enrique Sánchez
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