El titular del ejecutivo estatal declaró que no hay investigación alguna de su gobierno contra esa casa de estudios
Sergio Salomón Céspedes Peregrina, gobernador de Puebla, retomó ayer las relaciones con la Universidad de las Américas Puebla, tras el conflicto que causó el cierre del campus en junio de 2021 y forzó la ausencia del rector Luis Ernesto Derbez por dos años.
Tras asistir a un evento de Transparencia en esa casa de estudios, el mandatario estatal remarcó que "nunca, en su momento, el gobierno generó un tipo de investigación, es un tema entre privados y no de gobiernos".
Cabe señalar que tras años de señalamientos sobre el destino del patrimonio de la Fundación Mary Street Jenkins –patrona de la UDLAP-, en 2021 la Junta Para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada de Puebla inició un litigio para que los bienes regresaran a Puebla, ya que se “donaron” a otra institución en Aguascalientes e incluso llegaron al extranjero.
La medida respaldada por el gobernador Miguel Barbosa Huerta provocó que la fuerza pública tomara a resguardo las instalaciones de la UDLAP por ocho meses.
En tanto que en agosto de 2021 se giraron órdenes de aprehensión contra el rector Luis Ernesto Derbez e integrantes de la Fundación Mary Street Jenkins, por lo que el primero solicitó licencia a su cargo y regresó en agosto de 2023.
Hoy, el gobernador de Puebla aseguró que el gobierno estatal es respetuoso de las instituciones y sostuvo que no tiene ninguna investigación contra la UDLAP y sus funcionarios.
“La UDLAP no es agenda del gobierno, yo creo que en ese aspecto habrá mucho tramo y en su momento se tendrá que dar mucha claridad de cuál es la realidad de lo que vive la Universidad de las Américas”, expuso.
Indicó que la administración estatal tiene una buena relación con el rector Luis Ernesto Derbez, quien estuvo presente en el evento de este martes, al igual que con las autoridades de diversas universidades en Puebla.
Reiteró que los diferendos sobre los recursos corresponden a un tema entre privados y no son del gobierno.
Fue Guillermo Jenkins quien denunció que el patrimonio de la Fundación creada por su abuelo había salido de Puebla y llevada a paraísos fiscales, por lo que solicitó a la Junta Para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada que indagara el caso, en el que estaba involucrada su familia.
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