El gobierno chiapaneco, encabezado por Rutilio Escandón Cadenas, ha sido señalado en repetidas ocasiones de corrupción en los últimos años, lo que han generado desconfianza entre la ciudadanía
El gobierno del estado de Chiapas, encabezado por Rutilio Escandón Cadenas, ha sido objeto de múltiples acusaciones de corrupción en los últimos años que ha sacado a la luz diversas irregularidades respecto a la gestión de recursos públicos y en la asignación de contratos, lo que ha creado desconfianza entre la ciudadanía, afectando la percepción de transparencia y legalidad en el estado.
Uno de los focos de las acusaciones de corrupción en la administración de Rutilio Escandón ha sido la opacidad en la adjudicación de contratos públicos que ha sido acusado por diversas organizaciones que han señalado que la asignación de obras de infraestructura y servicios en el estado se ha llevado a cabo sin los procesos de licitación adecuados, beneficiando a empresas cercanas al círculo político del mandatario estatal.
Algunas empresas constructoras se ven obligadas a entregar "moches" a funcionarios del gobierno estatal para obtener contratos de obra, estos sobornos, que oscilan entre el 10 por ciento y el 20 por ciento del valor total del contrato, representan un desvío significativo de recursos públicos que afecta la calidad y entrega de los proyectos.
Uno de los casos más preocupantes ocurrió en la construcción de hospitales y clínicas en áreas rurales, donde la falta de infraestructura adecuada es un problema crítico.
Varios hospitales permanecen inconclusos o con deficiencias estructurales, mientras que los recursos que debieron utilizarse para su finalización aparentemente fueron desviados, esta situación también ha impactado en la construcción de carreteras, muchas de las cuales presentan deterioro a pesar de haber sido inauguradas.
La falta de supervisión adecuada en la entrega de contratos permite que muchas obras sean asignadas a empresas sin experiencia o ligadas a intereses políticos, lo que termina traduciéndose en trabajos deficientes o inconclusos, esto no solo afecta la calidad de vida de los habitantes, sino que también incrementa el gasto público para la reparación.
De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Chiapas ocupa uno de los últimos lugares en transparencia fiscal a nivel nacional, esto significa que una parte considerable del gasto público no está debidamente reportada o documentada, lo que abre la puerta a posibles actos de corrupción.
Uno de los aspectos más críticos es la falta de claridad en los presupuestos destinados a educación, salud y programas sociales. En estos sectores, las auditorías realizadas han encontrado inconsistencias en el uso de los recursos, desde compras irregulares hasta gastos inflados.
En algunas ocasiones, se han reportado contratos millonarios para la adquisición de equipo médico que nunca llegó a los hospitales, o que fue adquirido a sobreprecio, generando un perjuicio directo para la ciudadanía.
Algunas organizaciones civiles han denunciado la manipulación de cifras oficiales en la ejecución de programas de asistencia social en varios casos, se han reportado beneficiarios fantasma o la entrega de apoyos a personas que no cumplen con los requisitos establecidos, lo que apunta a un uso discrecional del dinero público.
La sospecha de enriquecimiento ilícito en la administración de Rutilio Escandón ha sido otra constante en su gestión, funcionarios de alto rango, incluidos secretarios y directores de dependencias estatales, han sido señalados por un aumento injustificado en su patrimonio personal desde que asumieron sus cargos.
Esta situación ha generado desconfianza y un creciente malestar en la población chiapaneca, que observa cómo algunos miembros de la élite política incrementan su riqueza mientras el estado continúa enfrentándose a altos niveles de pobreza.
Uno de los casos más destacados fue el del exsecretario de Obras Públicas, quien adquirió varias propiedades en zonas exclusivas de Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas, propiedades cuyo valor no coincide con los ingresos oficiales reportados en su declaración patrimonial.
Aunque se presentaron denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción del estado, hasta ahora no se han iniciado investigaciones serias, además, las adquisiciones de propiedades en destinos turísticos de alto valor, vehículos de lujo y la apertura de negocios en el estado y en otras partes del país por parte de familiares de altos funcionarios han sido señaladas como pruebas del mal uso del poder.
Estos hechos sugieren que la corrupción no solo afecta la gestión pública, sino que también se extiende a beneficios privados para un reducido grupo de personas cercanas al gobierno, sobre todo a Escandón Cadenas.
Las denuncias y acusaciones de corrupción en el gobierno de Rutilio Escandón han encontrado, en muchas ocasiones, una barrera en la falta de acción por parte de las instituciones responsables de fiscalizar y sancionar. El control político que la administración mantiene sobre el Congreso estatal y sobre algunas dependencias clave ha generado un ambiente de impunidad, donde las investigaciones se estancan o se desechan.
Aunque la presión ciudadana y la labor de algunas organizaciones civiles han permitido visibilizar estos casos, la falta de respuestas efectivas desde el gobierno sigue siendo una constante.
La ciudadanía chiapaneca reclama justicia y transparencia, mientras que la imagen de la administración de Escandón Cadenas continúa deteriorándose ante la falta de sanciones y la percepción de que la corrupción es un problema estructural que requiere cambios profundos en la forma.
Las pruebas del desvío de recursos están en la investigación que se realiza desde el 2020 por el Sistema de Administración Tributaria contra la administración de Escandón Cadenas al utilizar empresas clasificadas, como Empresas que Facturan Operaciones Simuladas al otorgarles contratos irregulares por un monto de 2 mil 576 millones.
De acuerdo con Auditoría Superior de la Federación y de la Secretaría de la Función Pública, el Gobierno de Rutilio Escandón Cadenas, desvió en dos años 2 mil 576 millones de pesos a través de 10 empresas factureras entre las que destacan: Comercializadora TGZ, SA de CV; SAHEC Comercial S.A de C.V; Productos Médicos y Farmacéuticos Takahshi, S.A. de C.V; Arrendadora y Comercializadora Maya S.A de C.V; Altos de Chiapas Consultoría Integral S.A de C.V; Asesoría de Gestiones y Servicios Profesionales AGES,S.C; Proveedora Medical Care del Sureste S.A de C.V; Inmobiliaria y Proyectos Constructivos Kartrax S.A de C.V; Grupo Asesor Odul S.A de C.V; Sefmex Servicios S.C.
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