*El vocero de la Asociación Civil Poblanos Unidos por la Profesionalización avala reforma judicial propuesta por AMLO, pero no en la parte que conlleva a politizar la justicia.
*los asociados proponen se instituya y fortalezca la carrera judicial y los exámenes públicos por oposición como mecanismos de ingreso para jueces, magistrados y ministros, pero no por el voto popular.
Con plena conciencia y aceptación de la urgente necesidad de mejorar sustancialmente la administración de justicia, la Asociación Civil Poblanos Unidos por la Profesionalización del Servicio Público avala la propuesta del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador para que se revisen y se reformen los mecanismos de organización, de control interno y de fiscalización en el Poder Judicial, pero expresó su abierto rechazo a que se politice la justicia, en el caso de que la asignación de las nuevas plazas de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte, sea a través del voto popular.
Así lo declaró este día el vocero de esta asociación civil, el abogado Manuel Carmona Sosa, quien aclaró que siempre serán bienvenidos todos los esfuerzos gubernamentales por corregir las deficiencias de las instituciones en aras de servir mejor a la sociedad, sin embargo en este caso en particular, una medida de esta naturaleza como la que se propone, sería ir opuesto a las corrientes que actualmente vienen impulsando en el mundo, la profesionalización del servicio público, por lo que se convertiría en un grave retroceso.
Si lo que se pretende es rescatar, subsanar y/o reestructurar al Poder Judicial Federal para mejorar, entonces los nuevos encargados de administrar justicia en el país deben ser los profesionistas con mayor preparación académica, con más experiencia y con carrera judicial, es decir, lo más capaces, los más competentes y no los más populares, agregó.
Carmona Sosa refirió que la designación de este tipo de cargos, que son de naturaleza estrictamente técnica y altamente especializados, por medio de una votación, es condenar a muerte a la profesionalización del servicio público.
Además puso de relieve que ya existen experiencias en el mundo como es el caso de Turquía, Israel y en Bolivia, donde se ha implementado el esquema de votación popular para designar a sus jueces y magistrados y han resultado un rotundo fracaso, pues los índices de calidad en la impartición de justicia empeoraron estrepitosamente. En el caso de los Estados Unidos de Norteamérica es un sistema híbrido, en determinados casos se elige y en otros es por designación del Congreso y solo son incluidas las ternas bajo rigurosos criterios técnicos de selección.
Para finalizar, estimó que aún cuando el Poder Legislativo cuenta con la mayoría calificada para imponer sin obstáculo alguna la reforma propuesta por la Presidencia de la República para el Poder Judicial, esta Asociación Civil propone que los nuevos juzgadores sean electos por medio de:
a).- Un examen general de conocimientos ó
b).- Un examen público por oposición para evitar simulaciones, fraudes o favoritismos ó
c).- Que sean seleccionados los nuevos titulares del propio personal que ya labora actualmente dentro del poder judicial, como parte de un ascenso escalafonario e implementar la carrera judicial, a fin de tener impartidores de justicia con experiencia plenamente acreditada en el ámbito jurisdiccional.
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