Gracias a la reforma para que la corporación forme parte de las Fuerzas Armadas, aquellos elementos que formaron parte de la extinta PF no podrán ser parte de la misma
Por lo menos 15 mil elementos que se formaron en la ya extinta Policía Federal serán cesados de las filas de la Guardia Nacional gracias a la aprobación de la reforma para que dicha corporación forme parte de las Fuerzas Armadas.
Con la modificación constitucional, cuyo dictamen se prevé sea aprobado hoy en las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado, los civiles no podrán formar parte de la Guardia Nacional, por lo que los exelementos de la PF que actualmente están en sus filas quedarán adscritos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
De acuerdo con el Censo Nacional de Seguridad Pública del Inegi, existen 15 mil 158 elementos de la extinta Policía Federal que son parte de la Guardia Nacional.
“El artículo sexto transitorio del proyecto que discutimos establece una cláusula competencial para el Ejecutivo federal, a efecto de que disponga lo necesario para que el personal de la Policía Federal quede adscrito a la Secretaría del ramo de Seguridad Pública ‘conservando sus derechos laborales adquiridos’”, explica el dictamen de la reforma, que ayer comenzó a circular entre los senadores integrantes de las comisiones unidas.
La Policía Federal tiene sus orígenes en el año 1999, cuando nació con el nombre de Policía Federal Preventiva, a cargo de la Secretaría de Gobernación; con el gobierno de Felipe Calderón, la corporación se transformó en toda una Secretaría de Seguridad Pública y, en 2019, con la creación de la Guardia Nacional, 26 mil de sus elementos fueron incorporados a la nueva fuerza de seguridad pública, aunque, cinco años después, sólo 15 mil 158 expolicías federales son parte de ésta.
Limpiarán de civiles a Guardia Nacional
Los elementos quedarán adscritos a la Secretaría del ramo de Seguridad Pública, conservando sus derechos laborales adquiridos.
La aprobación de la reforma constitucional para que la Guardia Nacional sea parte de las Fuerzas Armadas implicará el cese de al menos 15 mil elementos que se formaron en la extinta Policía Federal, pues al ser civiles no podrán formar parte de la Guardia Nacional, por lo que se quedarán en la Secretaría de Seguridad Pública.
De acuerdo con el régimen transitorio de la reforma constitucional, que se aprobará este lunes en comisiones unidas del Senado, el titular del Poder Ejecutivo federal dispondrá que “el personal procedente de la extinta Policía Federal cese de prestar sus servicios en la Guardia Nacional y quede adscrito a la Secretaría del ramo de Seguridad Pública, conservando sus derechos laborales adquiridos”.
Según el Censo Nacional de Seguridad Pública del Inegi, existen 15 mil 158 elementos de la extinta Policía Federal que son parte de la Guardia Nacional.
La Policía Federal tiene sus orígenes en el año 1999, con el gobierno de Ernesto Zedillo y que nació con el nombre de Policía Federal Preventiva, a cargo de la Secretaría de Gobernación; con el gobierno de Felipe Calderón la corporación se transformó en toda una Secretaría de Seguridad Pública y en el año 2019, con la creación de la Guardia Nacional, 26 mil de sus elementos fueron incorporados a la nueva fuerza de seguridad pública, pero a cinco años de historia, en la Guardia Nacional sólo existen 15 mil 158 ex policías federales.
El dictamen de la reforma, que ayer comenzó a circular entre los senadores integrantes de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, explica que “el artículo Sexto Transitorio del proyecto que discutimos establece una cláusula competencial para el Ejecutivo federal a efectos de que disponga lo necesario para que el personal de la Policía Federal quede adscrito a la Secretaría del ramo de Seguridad Pública “conservando sus derechos laborales adquiridos”.
“Estas comisiones dictaminadoras tienen presente que en 2020 la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió dos amparos determinando que había incertidumbre jurídica dado que el Presidente –según su juicio– había violado derechos humanos en la emisión de los acuerdos (para dar cumplimiento a los Transitorios de la reforma constitucional de 2019) al no precisar los términos de la transferencia de los recursos humanos específicamente por cuanto hace al mantenimiento de grado y prestaciones”, destaca.
Recuerda también que “el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió este asunto el 20 de abril de 2023 al invalidar, por una parte, diversas porciones previstas en distintas normas del decreto impugnado y reconocer, por otra, la validez de algunas más.
“La Corte declaró inconstitucional el traslado del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a la Secretaría de la Defensa Nacional, así como la normativa que regulaba la figura de la Comandancia en relación con su nombramiento y facultades e invalidó también diversas disposiciones que modificaban el régimen del personal asignado a la Guardia Nacional proveniente de la Policía Militar y de la Policía Naval, ello al considerar que confrontaban lo dispuesto por el artículo 21 constitucional que establece que la Guardia Nacional debe ser una corporación de carácter civil adscrita a la secretaría del ramo de seguridad pública”, admite el dictamen.
De igual manera, el dictamen acepta que “nuestro país enfrentó una de las crisis de seguridad más graves de su historia reciente. La violencia generada por el narcotráfico y el crimen organizado dieron lugar a un aumento constante en los índices de homicidios, desapariciones forzadas y otras formas de violencia extrema. Según datos oficiales, entre 2006 y 2023, el país experimentó más de 350 mil homicidios violentos, muchos de ellos relacionados con el crimen organizado.
“Además, el número de desapariciones forzadas y violaciones a derechos humanos concitó también preocupación, tanto a nivel nacional como internacional”, dice.
Precisa que “la Comisión que dictaminó en la Cámara de origen valoró, y en ello coincidimos, que una de las razones principales que justifica la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional es la debilidad institucional de las fuerzas de seguridad civiles.
“En gran parte de los estados, las policías locales carecen de los recursos, capacitación y supervisión necesarios para enfrentar la amenaza que representan los cárteles de la droga y otras organizaciones criminales. Esta situación explica la necesidad de crear una fuerza con alcance nacional dotada de mejores capacidades operativas, recursos suficientes y una estructura organizativa robusta para garantizar el orden público.
“Estas comisiones unidas afirmamos que, las reformas a la constitución buscan fortalecer la capacidad del Estado para controlar el territorio y garantizar la seguridad pública.
“La Guardia Nacional, al ser una fuerza de seguridad nacional, está diseñada para actuar de manera coordinada con otras instituciones, pero con una mayor disciplina y capacidad operativa que las policías locales y estatales. Esto es fundamental para enfrentar desafíos que trascienden las capacidades de las fuerzas locales, como la violencia armada, el tráfico de drogas y el control territorial por parte de grupos criminales”, destaca el dictamen que se aprueba hoy en comisiones y el miércoles en el pleno del Senado.
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