Quien robó la información de la plataforma lo hizo desde España y con el usuario de un ex trabajador del área de gobierno digital, explicaron funcionarios desde Palacio Nacional.
Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, y Jesús Ramírez, vocero de la Presidencia de la República, confirmaron que hicieron entrega al Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos el reporte técnico respecto al hackeo y robo al sistema de acreditaciones de Presidencia, cuya base de datos (no actualizada), pero con datos personales de 263 periodistas de 309 acreditados se hizo pública ilegalmente este pasado viernes a través de un portal en internet y luego en redes sociales.
En Palacio Nacional, los funcionarios reconocieron que la persona o personas que, presuntamente ingresaron la plataforma, lo hicieron con un nombre de usuario de alguien que trabajó en el área de gobierno digital y con una contraseña que se encontraba vigente.
Además, esta vulneración de información se habría hecho desde España en diversos momentos el pasado 22 de enero y ellos como gobierno tomaron conocimiento hasta el viernes 26 cuando se conoció el listado.
La secretaria anunció que este martes habrán de presentar la denuncia de hechos en la Fiscalía General de la República para que inicie la investigación y determine la responsabilidad de cualquier funcionario o de alguna oficina en particular.
La titular de Gobernación y el coordinador de Comunicación Social advirtieron que las investigaciones seguirán “hasta sus últimas consecuencias”.
“Estamos comprometidos en llegar hasta las últimas consecuencias de estos hechos, si hay responsabilidad oficial tendrá que procederse en consecuencia, si un funcionario está involucrado también. De acuerdo con la información hasta ahora hay indicios de una vulneración externa, incluso el compromiso es llegar hasta las últimas consecuencias, no se va a proteger a nadie-yo incluso soy parte de la investigación por ser un funcionario-no se va a proteger a nadie y no habrá impunidad en cuanto se determine la responsabilidad”, aseveró Jesús Ramírez.
En la conferencia de prensa, Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración informó que se buscó contactar a 26 periodistas cuyos datos personales se encontraban en este listado, con 20 se estableció comunicación y a 7 se les otorgaron recomendaciones de seguridad.
Puso a disposición de quienes se sientan vulnerables el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
En tanto, Carlos Emiliano Calderón, coordinador de Estrategia Digital Nacional reconoció que la página de donde se extrajeron documentos oficiales de los periodistas permanecía “abierta en internet” porque se encontraba en un proceso de actualización de usuarios para lograr migrar la información de una base de datos a la actual y quien ingresó lo hizo con un usuario y contraseñas válidas.
“Es como un vehículo que está en la calle, alguien tiene la llave, lo abre y se lo lleva. Fue una ventana de tiempo en la que lograron entrar”, comentó.
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