*El pasado fin de semana en el Cereso juarense se registró una incursión armada en la que 17 personas fueron asesinadas, 14 lesionadas y 30 internos se fugaron
En el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2021, el organismo sólo aprobó al penal de San Miguel, en la Ciudad de Puebla, con 6.45 de calificación, aun así por debajo del centro chihuahuense. Mientras el Cereso número 3 de Ciudad Juárez fue calificado con 6.79 en 2021 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), 15 de 16 centros penitenciarios de Puebla fueron reprobados ese mismo año.
Cabe destacar que en el Cereso 3 de Ciudad Juárez se registró una incursión armada el pasado fin de semana, en la que resultaron 17 personas asesinadas -10 custodios y siete internos-, así como 14 personas quedaron lesionadas.
La cifra de internos fugados del Cereso número 3 de Ciudad Juárez llegó a 30, según confirmaron autoridades este lunes.
Pese a su buena calificación, la CNDH alertó desde 2021 sobre las condiciones en las que se encontraba el Cereso juarense, al advertir problemas de sobrepoblación, hacinamiento, insuficiencia de personal de seguridad y custodia, carencia de programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria.
En Puebla, la calificación promedio de 16 ceresos evaluados fue de 5.21, mientras en Chihuahua fue de 7.77 para seis penales.
Las calificaciones reprobatorias en Puebla fueron desde el 4.24 en Huauchinango hasta el 5.94 en Tecamachalco.
En Puebla, el centro penitenciario mejor calificado fue el de San Miguel, la CNDH detectó problemas de hacinamiento, sobre población, deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las personas privadas de la libertad, inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o comedores.
Deficiencias en el procedimiento para la imposición de sanciones disciplinarias, funciones de autoridad por parte de los internos –autogobierno y cogobierno-, insuficiencia de personal de seguridad y custodia, así como presencia de actividades ilícitas.
Deficiente separación entre procesados y sentenciados, deficiencia en la atención a personas adultas mayores, insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria.
En el resto además ubicó deficiencias en la alimentación, inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica, insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos, entre otros rubros.
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