*Recomiendan interponer denunciar ante el Ministerio Público Federal contra personal responsable del INAH-Puebla
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo una recomendación al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) porque desde 2022 no ha atendido la denuncia que interpusieron diversas organizaciones por afectaciones al sitio arqueológico San Francisco Totimehuacán.
También conocida como Zona Arqueológica Tepalcayotl, el sitio se compone de ocho estructuras arquitectónico-arqueológicas y cuenta con un adoratorio registrado como Tepalcayotl; sus construcciones son de forma rectangular con tierra apisonada y cuenta con montículos, terrazas y vestigios de cerámica.
De acuerdo con la recomendación 81/2024 hecha a Diego Prieto Hernández, titular del INAH, el 4 de septiembre de 2023 un particular señaló a las autoridades del INAH por no proteger el sitio arqueológico con lo que violó el derecho humano a la cultura.
La CNDH dejó claro en la recomendación que el INAH Puebla, desde 2021, pidió “suspender de inmediato las obras en los predios recién despalmados e informar a la población y posibles compradores que estos predios se encuentran en la poligonal del sitio, y por lo mismo no se puede construir en ellos”.
El particular señaló que el sitio se encuentra abandonado, saqueado, invadido y es utilizado como tiradero de basura, por lo que «advirtió la urgente necesidad de que (el INAH) realice las acciones pertinentes para su rescate y preservación”.
Sin embargo, dijo la CNDH en la recomendación, “no se han obtenido respuestas ni se han realizado las acciones ni los estudios correspondientes” y abrió el expediente CNDH/6/2023/14476/Q.
En la recomendación la CNDH pide al INAH «que instruya y supervise a la persona titular de la Delegación del Centro INAH en Puebla, para que, en un lapso no mayor a un mes dicte las medidas que procedan, para continuar sin demora el procedimiento de denuncia por afectaciones al patrimonio cultural en el Sitio Arqueológico San Francisco Totimehuacán.
Asimismo, le pide iniciar el procedimiento de investigación, a efecto de determinar la
responsabilidad administrativa por afectaciones al patrimonio cultural arqueológico; y elaborar, sustentar y tramitar las querellas y denuncias ante el Ministerio Público Federal.
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