Desde dicho año, el general Luis Cresencio Sandoval, hizo una advertencia y demandó hacer investigaciones por presuntos delitos cometidos en el sistema de Aduanas, como sobornos, extorsiones y huachicol.
Fue desde agosto de 2022, que el titular de la Sedena, general Luis Cresencio Sandoval, advirtió y solicitó investigar supuestos delitos cometidos en el sistema de Aduanas, como sobornos, extorsiones y huachicol, al titular del Centro Nacional de Inteligencia, Audomaro Martínez.
De acuerdo con el oficio 812, fechado en 18 de agosto de ese año, el mando castrense presentó los señalamientos de corrupción en contra de Juan Carlos Madero Larios, exjefe de operación aduanera, pero que continúa realizando gestiones con personal con el que formó su equipo de trabajo y que sigue en funciones.
También se vinculó en actividades de corrupción aduanal a Álvaro Alejandro Hernández Sierra, director general de Evaluación; Alejandro César Reyna Carrillo, director general de Tecnologías de la Información, y Leonel Arturo Escalona González.
En el documento, clasificado como confidencial, el general Sandoval González advirtió, desde esas fechas, como que calificó como una grave corrupción por parte de los cuatro ex funcionarios de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).
Las investigaciones establecieron que estaban relacionados con sobornos a operadores externos; contrabando de hidrocarburos y de pepino de mar; así como de manipular el Sistema de Parametrización, consistente en el reconocimiento aduanero por alertamiento, con el objetivo de extorsionar a agentes aduanales.
“Realice las acciones legales procedentes para evitar que evadan la acción de la justicia o quede en la impunidad la actuación de dichos servidores públicos”, solicitó el secretario Sandoval, al director del CNI, Martínez.
Hasta la fecha, los señalamientos en contra de Madero Larios, Hernández Sierra, Reyna Carrillo, Escalona González, no han sido investigados y permanecen impunes, a pesar de las indicaciones del presidente, Andrés Manuel López Obrador, para que se deslinde su responsabilidad.
En el documento firmado por el titular de la Sedena, se establece que Madero Larios, “presuntamente recibe recursos de negociaciones con operadores externos de las aduanas de Baja California y Sonora”.
Se indicó que el ex funcionario aduanal está relacionado con el contrabando de combustibles, y con el pepino de mar, en la aduana de Progreso, Yucatán.
En relación con Hernández Sierra, Reyna Carrillo, Escalona González, los señalamientos establecieron que manipularon el Sistema de Parametrización de la ANAM, para extorsionar a los agentes aduanales.
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