*El cargo que ocupaba el secretario general del Poder Legislativo, sería ocupado por Fernando Godos
El líder del Poder Legislativo en Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, anunció la renuncia del secretario general del Congreso del estado de Puebla, José Norberto Rodríguez Medina, conocido también como “Cheché”, al tiempo de informar que el ex funcionario se perfila para convertirse en magistrado de la Sala Constitucional.
En rueda de prensa el también diputado por Tepeaca comentó que Rodríguez Medina es una de las propuestas del gobernador del estado para integrar la Sala Constitucional creada en la reforma recién aprobada al Poder Judicial poblano.
El ex asesor del Congreso ocupó hasta hace unos días el cargo de secretario general y ya presentó su renuncia formal, por lo que en la sesión de mañana los diputados votarán las propuestas existentes.
La Secretaría General del Congreso de Puebla estará a cargo, de manera provisional, por Fernando Godos, quien, según Sergio Salomón Céspedes, podría suplir definitivamente a José Norberto, ya que es apto para el puesto.
A José Norberto Rodríguez lo removió como funcionario del Poder Legislativo el ex diputado y ahora titular de la Secretaría del Trabajo en el Gobierno del estado, Gabriel Biestro Medinilla.
Yrina Yanet Sierra Jiménez y Mara Gómez Pérez son otras propuestas para el cargo, la primera es jueza penal de Atlixco y la segunda, doctora en Derecho por la UNAM y especialista en Justicia y Derechos Humanos.
La Sala Constitucional, con autonomía para la resolución de los asuntos de interpretación, defensa y garantía jurisdiccional de la Constitución poblana, velará por los derechos humanos.
La Sala Constitucional estará integrada por cinco magistrados y tendrá un presidente, cuya duración será de cuatro años. Asimismo, ejecutará los medios jurídico-procesales que prevengan, reparen, nulifiquen y sancionen la violación de los preceptos constitucionales.
Podrá dictar acciones de inconstitucionalidad, controversias competenciales, acciones de tutela de derechos y acciones de control constitucional ejercida por el Ayuntamiento, además de acciones en contra de posibles omisiones legislativas.
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