Por Liliana Becerril Rojas / @LiliBecerril
Ser ciudadano mexicano implica mucho más que solo tramitar la credencial mediante la cual es posible identificarse como un adulto que cuenta con todas las garantías constitucionales para ejercer sus derechos electorales. Es cumplir con la obligación de conocer ese marco jurídico y legal que dicta los alcances y los límites de las personas, los servidores públicos, los organismos y las instituciones dentro del territorio nacional, denominado “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, porque a partir de su conocimiento será mucho más factible identificar los actos que atenten y violenten tales derechos.
En este sentido, la participación de los ciudadanos en los diversos movimientos sociales que puedan tener lugar bajo cualquier rubro deberá estar sustentada en las razones que los motivan y no solo por responder a convocatorias que tienen el propósito de defender causas partidarias que están más enfocadas en proteger intereses de grupo que en el bienestar de la población.
En imperativo quitarle a la política el calificativo de “sucia”, porque en realidad lo que la mancha en buena parte es la apatía de la ciudadanía en temas que involucran y afectan su calidad de vida, desde quién llega a tomar las riendas del municipio, es estado y el país, pasando por temas de educación, economía, salud y seguridad social, empleo, cultura y recreación. Es indispensable ejercer los derechos de participación para que exista una verdadera relación activa y viva entre el Estado y los ciudadanos.
Desde este ejercicio democrático, el paso lógico y necesario es que los ciudadanos tengan inquietudes de tomar parte en las decisiones políticas de su entorno, atreviéndose a postularse como candidatos para los diferentes puestos de elección popular, con la consigna de defender y hacer valer los intereses y la peticiones del ciudadano común en temas como la seguridad, el desarrollo integral y el respeto a los derechos humanos que suelen vulnerarse cuando se anteponen los intereses diferentes a los de la ciudadanía.
Observar, analizar, organizar, discutir y acordar son acciones que deben llevar a cabo los ciudadanos para definir el rumbo que deberá tomar su comunidad, su localidad, su región y su país.
Decidir tomar las riendas del destino ciudadano no tendría que implicar la obligación de participar en las argucias y malas prácticas que suceden en la esfera política, como la compra de candidaturas y abanderar intereses partidarios que no solo se alejan de la procuración del bienestar ciudadano, sino que la ignoran y hasta atentan contra ella.
La participación ciudadana supone tomar la acción para presenta iniciativas ante los representantes en el Poder Legislativo, observando y exigiendo que sean atendidas de manera cabal para el beneficio de la población aún cuando ello suponga el sacrificio de intereses partidario y de grupo.
No debe olvidarse que los funcionarios que gestionan el gobierno son, a final de cuentas, servidores públicos que operan con el erario público, que se conforma de la recaudación de impuestos que pagan los ciudadanos, por ello se deben al pueblo y no a sus partidos.
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