*Señalan que afecta la libertad hacendaria de los municipios al fijar un tope de gasto en su presupuesto para campañas de difusión
Un total de 75 ayuntamientos emanados del Partido Acción Nacional (PAN) del país, incluidos de Puebla, presentaron una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la reforma a la Ley General de Comunicación Social.
Ello debido a que la normativa establece que solo pueden gastar el 0.1 por ciento de su presupuesto en campañas de difusión, informó la presidenta de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), Alejandra Gutiérrez Campos.
Los estados de los municipios que se inconformaron son Puebla, Guanajuato, el Estado de México, Yucatán, Jalisco, Michoacán, Sonora, Coahuila, Chihuahua, Querétaro, Baja California Sur, Tlaxcala, Aguascalientes, Nuevo León y Guerrero, refirió la alcaldesa de León, Guanajuato.
En conferencia de prensa, Gutiérrez Campos argumentó que esta reforma afecta la libertad hacendaria de los municipios establecida en el artículo 115 de la Constitución, toda vez que el artículo 26 de la Ley General de Comunicación Social pone tope al gasto en este rubro.
El “límite del gasto del Programa Anual de Comunicación Social, en su conjunto, no debe rebasar el 0.1 por ciento del Presupuesto de Egresos Anual correspondiente”, se indicó.
“Estamos defendiendo las libertades, el estado de derecho y la Constitución misma, pues no se puede violentar la autonomía de los municipios ni de los estados”, señaló a su vez el líder del PAN en el estado de Guanajuato, Eduardo López Mares.
“Nosotros ya hemos presentado una serie de controversias constitucionales por parte del Congreso del Estado, por parte también de los municipios emanados de Acción Nacional, en lo que respecta esta primera parte de la ley de comunicación social y en esta ocasión ha sido clave la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC)”, agregó.
La Ley General de Comunicación Social marca que su contenido es aplicable a los tres poderes de la federación, de las entidades, a los municipios, a las demarcaciones de la Ciudad de México, a organismos autónomos e instituciones públicas.
Esta reforma se incluyó en el paquete del Plan B electoral promovido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y se encuentra en la de Senadores.
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