El marco legal, que se someterá a discusión en próximas fechas, propone terminar con la privatización de grandes usuarios, ya que 108 cuencas y 115 acuíferos se encuentran sobre concesionados
Desde 2020, varias comisiones del Senado trabajan diseñando una nueva Ley General de Aguas, reglamentación del gobierno federal que trata de actualizar el aprovechamiento del líquido, después que desde 1970, no ha habido un cambio trascendente en el Artículo 27 Constitucional, y que la ley vigente data de 1992.
A partir de 2020 se han realizado foros, parlamentos abiertos, y actualmente, a poco más de dos meses de que concluya el último periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, no se tiene certeza acerca de si será aprobada o no.
El presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado, Raúl Paz Alonzo, originalmente senador del PAN y ahora de Morena, tiene listo el proyecto de dictamen para una nueva Ley General Aguas, el cual contó con la participación de expertos, y representantes de todo el país.
Éste incluye captación de agua de lluvias; emprender un esquema moderno para reciclar el agua; no transferir agua de una cuenca hidrológica a otra, como ocurre en el caso del sistema Cutzamala de la cuenca Lerma-Santiago, a la cuenca del Valle de México.
También plantea no sobreexplotar los mantos acuíferos y los pozos; y realizar una campaña permanente de ahorro del vital líquido.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó a principios de febrero que este 2024 se prolongará una sequía “severa, extrema y excepcional”, dependiendo de la región del país, y hasta el momento, no se ha conocido un programa gubernamental ante tal situación.
Propuestas
El 8 de febrero de 2012 el Artículo 4 de la Constitución fue modificado para reconocer el derecho humano al agua, y para tener una Ley General de Aguas que siente las bases para el acceso equitativo y sustentable del líquido.
Este nuevo marco legal debe sustituir a la actual Ley de Aguas Nacionales, la cual aún no puede ser aprobada, y entre las propuestas de los investigadores, organizaciones, pueblos y comunidades indígenas están:
Respetar la naturaleza, las aguas de los pueblos, ejidos y comunidades; coadministrar el agua en el territorio; reconocer el derecho ciudadano a vetar proyectos dañinos y prohibir agua para minería tóxica y fracking.
Además, acabar con acaparamiento, contaminación e impunidad por grandes usuarios; cerrar puertas a la privatización; y democratizar los servicios de agua.
De acuerdo con la argumentación del Proyecto de Dictamen de la nueva Ley General de Aguas, 108 cuencas y 115 acuíferos en el país se encuentran sobre concesionados y 66% de la población depende de acuíferos sobreexplotados.
Por ello, se plantea decretar “áreas de importancia hidro-ambiental”, zonas de recarga, humedales, cenotes y acuíferos cársticos.
Frente a la sobreexplotación, se propone reducir volúmenes de grandes usuarios hasta que se hayan restaurado los flujos superficiales y subterráneos; y establecer por consenso planes para reducir contaminantes hasta lograr metas de calidad en ríos y lagos.
También se ha planteado desprivatizar y restaurar “zonas federales” adquiridas a través de irregularidades, como son los “ríos secos sin nombre” para gasoductos.
Cambio climático
En julio de 2020, al concluir el Ciclo de Conferencias: Iniciativas y Propuestas de Cambios para Enriquecer el Marco Jurídico del Agua, organizado por el senador Raúl Paz Alonzo, y el Consejo Consultivo del Agua A.C., se planteó incorporar el concepto de Cambio Climático en la nueva legislación.
Expertos en el sector hídrico del país propusieron armonizar la Ley de Aguas Nacionales a la Ley General de Cambio Climático, con el objeto de prever afectaciones en el suministro del vital líquido a los sectores más vulnerables y a las zonas agrícolas en los próximos años.
Verónica Martínez, del Banco Mundial, expuso que independientemente de temas políticos, los legisladores deben abocarse a tener una Ley General de Aguas acorde con las necesidades y problemas que conllevan los nuevos tiempos.
“En donde seguimos pensando si conviene o no vincular el agua al cambio climático, cuando es evidente que van de la mano, pensando en una nueva Ley de Aguas, pienso que tiene que ser un elemento que tiene que quedar clarísimamente plasmado a través de mecanismos muy detallados”, señaló.
Isabel Studer Noguez, presidenta de Sostenibilidad Global A.C; indicó que uno de los sectores más afectados por la escasez de agua será el agrícola, pues si la temperatura promedio del planeta sube, más de grado y medio en los próxima años, habrá afectaciones por sequía en más de 2 mil municipios, que incluirán zonas de Tabasco y Chiapas, algo nunca pensado.
“Ahí tenemos, pues sí, una cuestión de riesgo, el cambio climático que es un riesgo se manifiesta sobre todo en el tema del agua, e insisto en que el tema agrícola para México va a ser un tema tremendo porque hoy no lo estamos integrando de manera sistémica e integral dentro de las políticas gubernamentales”, indicó.
Cuatro años después, los planteamientos de especialistas que alertaban sobre el agotamiento de los mantos acuíferos y las afectaciones por el cambio climático sobre los cuerpos de agua, no fueron atendidas.
En dichas conferencias, los expertos en recursos hídricos propusieron la creación de una nueva ley o de modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales, que garantice el abasto de agua a la población, y vea al vital líquido como un tema de seguridad medioambiental.
María Elena Mesta, investigadora del Centro Interdisciplinario de Biodiversidad Ambiental (CEIBA), señaló que la actual legislación debe ver por los derechos de la población y el cuidado de la naturaleza, no sólo por la concesión del servicio.
“Necesitamos una ley también, general, que vea por el agua, pero no nada más como lo ve la actualmente la Ley de Aguas Nacionales, o sea por el concesionamiento, los usos del agua. Necesitamos ver hacia otras líneas de acción.
“Necesitamos que este nuevo marco jurídico atienda tres líneas de acción: la preservación, la progresión, y la restauración de los sistemas ambientales. Y por el otro lado, tenemos todo lo que implica el uso y aprovechamiento del vital líquido como recurso hidráulico. Y finalmente el cuidado como elemento natural”, comentó de acuerdo con las relatorías de los foros.
60% del territorio en sequía
De acuerdo con el último informe del mes de febrero del Monitor de Sequía de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), 60% del territorio nacional está en condiciones de sequía; en 395 municipios la sequía es extrema.
De esta manera, 19.79% del territorio nacional se encuentra en condiciones de sequía extrema; 17% en condiciones severas y 14% en sequía moderada.
Según el Monitor de Sequía de México, elaborado por la Conagua, aunque durante la segunda quincena de enero se presentaron frentes fríos, nortes y canales de baja presión, estos no fueron suficientes para mitigar los efectos de sequía.
Los nueve estados de la República Mexicana que mantienen 100 por ciento de sus municipios con algún grado de sequía son: Aguascalientes, Coahuila, Colima, Durango, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Sinaloa y Zacatecas.
Oaxaca es el estado con la mayor cantidad de municipios en sequía; le siguen Estado de México, Michoacán y Jalisco.
Dictamen congelado
El pasado 18 de octubre de 2023, la Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado presentó un proyecto de dictamen para expedir la Ley General de Aguas. Raúl Paz Alonzo, su presidente, solicitó a integrantes de ese órgano legislativo revisar el documento “para enriquecer la propuesta”.
Por tal motivo, a partir de ese día, está a disposición de senadores y senadoras “para revisar, proponer y hacer los ajustes necesarios” a la propuesta que sustituiría a la vigente Ley de Aguas Nacionales, expedida en 1992.
Paz Alonzo detalló que el proyecto de dictamen contiene las opiniones de los integrantes de la Comisión de Recursos Hidráulicos, además de la de académicos, investigadores y diversas dependencias, entre ellas la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a quienes se convocó para compartir sus observaciones sobre el nuevo ordenamiento.
No obstante, solicitó a las senadoras y a los senadores de la Comisión de Recursos Hidráulicos “analizar el proyecto de dictamen y, en el caso de que existan aportaciones u observaciones, las hagan llegar por escrito a la Secretaría Técnica para enriquecer el documento junto con las aportaciones de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda”.
Por lo pronto, la Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado fue citada a sesionar el miércoles 21 de febrero a las 10:00 horas, específicamente para discutir la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales y reforma el Artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Ambiental.
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