Los organismos públicos locales electorales de 9 estados tendrán reducciones de 50% a 75% para gastos operativos; algunos ya trabajaban con déficit desde 2022
En su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que en el Congreso no se haya aprobado su iniciativa de reforma electoral. Foto: Especial
Los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (Oples) operarán este año con dos mil 86 millones de pesos menos al presupuesto solicitado, pues en conjunto recibirán 12 mil millones de 14 mil requeridos.
Nueve Oples serán los más afectados al enfrentar reducciones de entre 50% y 75% en sus asignaciones, a lo que se suma que ya habían tenido recortes en 2022.
El de Nayarit encabeza la lista con 75.87% menos presupuesto, seguido de San Luis Potosí, con 74.35%; Colima, 70.28%; Puebla, 63.82%; Oaxaca, 59.55%; Zacatecas, 53.08%; Querétaro, 52.17%; Nuevo León 50.75% y Yucatán, con 49.83 por ciento.
Nayarit concluyó el año fiscal con una reducción de 10.86%; para 2023 pidió 86 millones de pesos de gasto operativo, pero se le asignaron 20.7 millones.
San Luis Potosí finalizó 2022 con 33.78% menos recursos y para 2023 su recorte ascenderá a 74.35%, pues de 296.4 millones solicitados, sin contar financiamiento a partidos, sólo dispondrá de 76 millones de pesos.
Colima requería de 64.2 millones para su gasto ordinario, pero el Congreso local le otorgó solamente 18.5 millones, 70% menos.
Con un recorte de 42%, el Ople de Campeche también operará en números rojos y con adeudos de seis meses en el pago de rentas y diversos servicios.
Aplican recortes de hasta 75% a OPLES
Los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples) sufrieron por parte de los Congresos estatales recortes en sus presupuestos solicitados de 2023, de 2 mil 86 millones de pesos, luego de que pidieron 14 mil millones en números redondos y se les otorgaron 12 mil millones.
Nueve institutos electorales locales son los más afectados, con recortes que van del 50% al 75% de sus presupuestos, siendo Nayarit, San Luis Potosí y Colima los más afectados en 2023 pero también en comparación de los recortes que sufrieron en 2022.
Nayarit presenta una reducción en su presupuesto de 75.87% seguido de San Luis Potosí 74.35%, Colima 70.28%, Puebla 63.82%, Oaxaca, 59.55%, Zacatecas 53.08%, Querétaro 52.17%, Nuevo León 50.75% y Yucatán 49.83%.
Resalta que Nayarit en 2022 concluyó el año con un recorte de 10.86% que se dispara a más de 75% en 2023.
Para este año Nayarit solicitó 86 millones de pesos sólo para su gasto operativo y se le asignaron 20.7 millones.
San Luis Potosí, terminó el año pasado con un recorte de 33.78% que aumentó para 2023 a 74.35%. El Ople de esta entidad solicitó 296.4 millones sin contar financiamiento público a partidos y se le aprobaron 76 millones de pesos.
Colima también sufrió un disparo en su recorte al terminar 2022 con 40.53% de disminución de su gasto, contra el 70.28% que vivirá en 2023.
El Consejo General del Instituto Electoral de Colima envió una solicitud de 64.2 millones para su gasto ordinario, pero el Congreso local le otorgó 18.5 millones de pesos.
De esta manera, para el mes de enero, las entidades con riesgo alto de falta de recursos de operación son Campeche, Colima, Nayarit y San Luis Potosí, debido al déficit que vienen arrastrando del año anterior.
En el caso de Campeche tiene adeudos de seis meses en pago de rentas y servicios; tendrá que hacer ajustes a su presupuesto no sólo en el tema operativo, sino también ante la posibilidad de que los partidos se quejen por el recorte que les hizo el Congreso de 44% de su financiamiento.
Esta entidad sufrió un recorte de 42% al haber solicitado 161 millones sólo para gasto operativo, pero se le otorgaron 109 millones
El informe del INE sobre Colima explica que “la reducción para este ejercicio es mayor a la de 2022, por lo que, tomando en consideración que arrastra adeudos del año pasado, que cuenta con órganos permanentes y que el proceso electoral inicia en octubre de este año, así como la negativa constante y reiterada del gobierno de otorgar ampliaciones presupuestales, este OPL se sitúa en riesgo alto”.
Para Nayarit el recorte lo deja con recursos para operar sólo hasta abril de 2023. En el caso de SLP, se considera al Ople con riesgo alto.
Critica defensa del INE en el zócalo
La manifestación en defensa del INE convocada por organizaciones sociales puede tener otros fines, como el de defender al exsecretario de seguridad, Genaro García Luna, sometido a juicio en Estados Unidos, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El titular del Ejecutivo federal cuestionó a los organizadores de la concentración del 26 de febrero porque, aseguró, ganaron el debate en el Congreso sobre la reforma constitucional planteada por él para crear un nuevo marco electoral.
Me decían que iban a hacer una marcha. No. Exageran. Sólo que usen esa marcha pero para defender a García Luna, porque en una de esas ése es el propósito. Pero qué le van a defender al INE, si ganaron, el INE no se toca.
Organizan una marcha para defender a García Luna, y sacar como excusa de que el INE no se toca. ¡Ya! Chole”, señaló.
Al referirse acerca de que los consejeros del INE señalan que ese instituto colapsará en las elecciones de 2024, el titular del Ejecutivo ironizó sobre cómo los partidos opositores ganaron el debate en el Congreso y evitaron que prosperara su reforma electoral.
Ganaron, se quedaron con ese presupuesto; los partidos también, con muchísimo dinero; en vez de 500 diputados estábamos proponiendo 300, quitar a los plurinominales, ellos ganaron, porque el INE no se toca y van a haber 500; ellos ganaron también porque estábamos planteando que sólo existiera un instituto nacional que organizara las elecciones y no 32 institutos. Ganaron, porque el INE no se toca”.
López Obrador convocó a una manifestación para el 18 de marzo en el Zócalo de la Ciudad de México para conmemorar el 85 aniversario de la expropiación petrolera.
-Arturo Páramo
INE: en riesgo, comicios de 2024
Consejeras y consejeros del INE anunciaron su apoyo a presentar controversias constitucionales en contra de las reformas del llamado plan B electoral, luego de conocer el informe del secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo, sobre los efectos nocivos e incompatibles con derechos de la ciudadanía y principios democráticos.
Al tomar la palabra, las 11 consejerías consideraron que la Suprema Corte tendrá la última palabra al coincidir en que, las reformas, son un retroceso que pone en riesgo los comicios de 2024.
Al hablar que sería infructuoso hacer un llamado al Senado para detener el “desmantelamiento de la democracia”, Lorenzo Córdova, consejero presidente confió en que no sea infructuoso el llamado a la Corte porque “la Corte tendrá la responsabilidad de salvar a la democracia y a la estabilidad política de este país”.
La consejera Norma Irene de la Cruz dijo a los legisladores que todavía hay tiempo para analizar el contenido del informe y reflexionar pues “es menester del Poder Legislativo, darnos certidumbres de los alcances de esta reforma”.
Coincidió con ella la consejera Carla Humphrey quien se dirigió a los legisladores y dijo que “aún es tiempo de recapacitar, reflexionar, con base en este informe”.
José Martín Faz Mora destacó que “es nuestro deber evidenciar con datos duros y sustento empírico, cómo esta reforma afecta los procedimientos electorales, amplia privilegios de los partidos políticos, los exime de responsabilidades, levanta restricciones a servidores públicos, al tiempo que debilita a la autoridad electoral, lo que sólo se puede traducir en un menoscabo en la equidad de la contienda, que tantos años ha costado construir”.
Ciro Murayama opinó que el daño mayor “directo es a la ciudadanía y a su derecho al voto libre en las elecciones libres y auténticas que mandata la Constitución”, por lo que se manifestó a favor de que el Secretario Ejecutivo interponga las controversias necesarias “para evitar un daño mayor e irreversible a la democracia mexicana”.
Va Por México recurre a la corte; demanda celeridad
Diputados de oposición, integrantes de la coalición Va por México, presentaron ante la Suprema Corte una demanda de acción de inconstitucionalidad en contra del llamado plan B de la reforma electoral.
El escrito fue ingresado por los diputados de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional.
Los legisladores demandaron la invalidez del decreto de la Ley General de Comunicación Social y Ley General de Responsabilidad Administrativa, aprobado en diciembre pasado por diputados y senadores de Morena.
En su impugnación, hicieron un llamado a la Corte para que, ante lo delicado del tema, esta acción de inconstitucionalidad se resuelva antes de que inicie el proceso electoral de 2024,
Tendríamos de aquí al verano de este mismo año 2023 para que quede resuelto y garantizar un andamiaje jurídico e institucional acorde a los requerimientos de un proceso complejo como el que viene en 2024.
Es decir, un fallo que garantice que contaremos con una elección equitativa, confiable y libre de dudas para las y los mexicanos”, advirtió el diputado Luis E. Cházaro, coordinador de los diputados del PRD.
En un comunicado, el legislador afirmó que la aprobación fast track de esta reforma, “con miras a una elección de Estado”, puede derivar en un conflicto postelectoral.
Los legisladores de Va por México indicaron que el plan B afecta a la equidad en los procesos electorales, al permitir que servidores públicos se pronuncien por un determinado candidato, y contra la transparencia en la rendición de cuentas.
Hemos presentado esta acción de inconstitucionalidad porque en Acción Nacional y los partidos de la coalición Va por México estamos a favor de la defensa a nuestras instituciones democráticas que tantos años nos ha costado construir y en contra del autoritarismo del Presidente y funcionarios de su partido que con sus intervenciones ilegales realizan actos simulados de comunicación”, señaló el coordinador panista Jorge Romero.
Rubén Moreira Valdez, líder de la bancada priista, dijo que algunas de las acciones que violan la Constitución son la eliminación de las restricciones a la difusión de propaganda por parte de los servidores públicos y al ejercicio del gasto público y difusión de contenidos gubernamentales.
-David Vicenteño
También senadores opositores
Los 52 senadores de oposición presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte en contra del primer paquete de reformas del plan B electoral, por considerar que el nuevo contenido de la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas violenta la Constitución.
Los integrantes de los grupos parlamentarios del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD, así como los del Grupo Plural, entregaron a la Corte la controversia.
Este primer paquete de reforma electoral “viola la veda legislativa, al promulgarse una ley en materia electoral sin respetar el plazo de 90 días previos al inicio de los procesos electorales. Actualmente se encuentran en curso en el Estado de México y Coahuila.
Atenta en contra del proceso parlamentario. Los principios de publicidad, debido proceso democrático y debida motivación fueron vulnerados durante el proceso de deliberación en la Cámara de Diputados.
Pone de manifiesto el uso discrecional de recursos públicos para intervenir en las elecciones a través de propaganda”, dice el escrito.
En un comunicado, los senadores argumentaron que la reforma “busca alterar el principio de neutralidad en las contiendas electorales, vulnera la legalidad y atenta contra de la Constitución”.
-Leticia Robles de la Rosa
コメント