El presidente del TEPJF aseguró que a ninguna de ambas precandidatas se les retirará su eventual postulación, pese a que sus coordinaciones salieron de contiendas no reguladas
El proceso electoral 2024 comenzó con “cierta estabilidad” debido a que los árbitros electorales dieron luz verde a los procesos internos de los partidos que resultaron en las designaciones de Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez como coordinadoras.
Así lo afirmó Reyes Rodríguez, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quien descartó que en ambos casos se quite el registro de su eventual candidatura por temas de fiscalización.
En entrevista con medios nacionales, aclaró que dichas contiendas no son consideradas precampañas o campañas y, por lo tanto, en su desarrollo no se aplicaron los criterios previstos en la ley. En caso de irregularidades se podrían imponer multas o amonestaciones, pero no quitar el registro, aseguró.
Dijo que uno de los retos del TEPJF será pacificar el proceso electoral en un contexto de polarización.
Descartan pérdidas de registro por internas
Los criterios para precampañas no aplican a los procedimientos de los partidos para definir a sus representantes rumbo a 2024, explica el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
El principal reto que enfrenta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), de cinco que prevé el magistrado presidente, Reyes Rodríguez Mondragón, será el de “pacificar” el proceso electoral en un contexto de polarización, a través de sus sentencias, de ahí que se decidió dar cauce a los inéditos procesos internos de los partidos, que derivaron en las designaciones de Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez.
Reyes Rodríguez subrayó en la misma entrevista que, gracias a esa decisión, hoy estamos iniciando el proceso electoral con “cierta estabilidad” y tocará al TEPJF revisar las actuaciones de las dos coordinadoras de sus respectivos movimientos para determinar si existieron actos anticipados en sus giras.
Descartó que pueda haber pérdida de registro de candidatura por temas de fiscalización, pues, enfatizó, esos procesos internos no son considerados precampañas y, por lo tanto, no aplican los criterios previstos en la ley, por lo que se podrían imponer multas, amonestaciones y otras medidas de sanción, pero no retirar el registro.
Sobre la revisión de actos anticipados de campaña, explicó que se tendrían que presentar condiciones de “violaciones graves, sistemáticas, determinantes para la equidad, para analizar las distintas sanciones posibles”, esto ya al preguntársele sobre el tiempo entre el 7 de septiembre que inició el año electoral y el 5 de noviembre, cuando iniciarán las precampañas.
A pregunta expresa de que si les temblaría la mano para negar candidaturas, si es que se comprueban violaciones graves y sistemáticas por parte de las dos coordinadoras de los bloques partidarios, Reyes Rodríguez contestó que “resolvemos con independencia, imparcialidad y criterios jurídicos; no se trata de si te tiembla la mano o no, se trata de resolver con objetividad, con un análisis de los hechos de su transcendencia e impacto, y de la línea jurisprudencial y razones jurídicas”, para luego mencionar que, hasta hoy, no se ha negado ninguna candidatura por actos anticipados, aunque se solicitó esta sanción en el caso de Luis Donaldo Colosio, presidente municipal de Monterrey, y de Miguel Treviño, en la alcaldía de San Pedro Garza García, ambos en Nuevo León, en las pasadas elecciones.
Los retos
Para el presidente del Tribunal Electoral, existen cinco desafíos a la vista para el próximo proceso.
El primero es aplicar la ley y hacer efectivos los derechos político-electorales de ciudadanos, militantes, y resolver, dentro del marco legal, las diferentes expresiones partidistas”, dijo Rodríguez Mondragón, al agregar que tienen que solventar la dimensión de “litigiosidad que permea a los procesos electorales”.
En segundo lugar, mencionó la transmisión pacífica del poder público, pues México tiene un “andamiaje normativo, producto de demandas ciudadanas por una democracia con elecciones periódicas, libres y limpias”.
Agregó que el TEPJF contribuye a darle estabilidad política, generar aceptación de las resoluciones y los resultados electorales “por lo que el segundo reto es seguir contribuyendo a esa normalidad democrática que surge en más de tres décadas después de un cambio institucional”.
El tercer reto, apuntó, es consolidar la confianza pública de la ciudadanía y los partidos en el Tribunal, luego que ese órgano jurisdiccional ha trabajado por la profesionalización del personal, afianzamiento de servicios de carrera en lo judicial y administrativo, así como en inversión en tecnología, para garantizar la capacidad de responder a las expectativas de la ciudadanía.
Mencionó que en el cuarto lugar se encontraría el seguir desarrollando acompañamiento de la sociedad civil y expertos internacionales durante las elecciones, pues la observación electoral es un referente “no sólo para comparar nuestras capacidades como país, en términos de este diseño de elecciones, sino también para que, a través de opiniones expertas e informes periódicos, se vaya certificando que la elección se desarrolla con estándares de transparencia, de legalidad, de limpieza, de equidad y en general de integridad electoral”.
Reyes Rodríguez comentó que el Tribunal ha firmado ya 30 acuerdos con diversas organizaciones y se ha convocado al Acuerdo Nacional para la Integridad Electoral, que se anunció el 31 de agosto, y próximamente sumará a más actores.
Al destacar que el proceso electoral debe tener como centro a la ciudadanía, explicó, dentro del quinto reto, que por la polarización y situación en el mundo “el Tribunal Electoral tiene esta dimensión pacificadora”.
Agregó que la función del TEPJF es serenar la conflictividad política, “en un contexto donde vemos en indicadores de opinión pública —como Latinobarómetro y otros— que la ciudadanía en América Latina y otras partes del mundo tiene un ingrediente de desencanto con los resultados de la democracia; yo diría que ése es el más amplio reto en términos generales, que la ciudadanía mexicana deposite en el sistema de gobierno democrático más exigencias, pero también su confianza”.
Al cuestionamiento de esta reportera sobre, si en aras de esa “pacificación”, no se estaba flexibilizando tanto la ley que pudiera perderse la confianza de la ciudadanía, luego de las críticas a ese órgano por permitir a Morena-PT-Verde y PAN-PRI-PRD “procesos internos inéditos”, el magistrado explicó que la aplicación de la ley debe guiarse por un balance entre todos los derechos que están en juego y, en el caso mencionado, lo que el Tribunal hizo fue poner en balance el derecho a la información de la ciudadanía, sobre los distintos liderazgos de los partidos.
La decisión me parece que puede ser controversial... pero permitió iniciar un proceso electoral con cierta estabilidad. Evidentemente, estos procesos partidistas generan diferencia y los conflictos los tendrán que resolver, en primer lugar, al interior de esos partidos”, dijo.
Señaló que se ordenó al INE crear los Lineamientos y una fiscalización especial, pero no se pidió flexibilizar las prohibiciones legales.
Comentó que las eventuales quejas serán revisadas según los procedimientos establecidos y el TEPJF “va a resolver”, pero los tribunales también cumplen la función “de darle dinamismo al derecho, de acercar el objetivo de la norma a las demandas sociales y transitarlas en un marco de legalidad”.
El magistrado presidente subrayó que la fiscalización de recursos también será revisada, y si se realizaron actos anticipados de precampaña o campaña, el dinero se contabilizará en esas etapas.
Destacó que el Tribunal Electoral actuó según los nuevos tiempos en los que los partidos políticos se “abrieron a la ciudadanía” y, además, las personas aspirantes también tienen derechos que no están “limitados absolutamente”.
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