*En la primera sesión del ordinario en 2023 se someterá al Pleno.
*Se buscarán recursos legales para evitar intromisiones del TEPJF en la competencia del Legislativo.
Ante la sentencia del Tribunal Electoral que ordenó modificar la convocatoria a la selección de consejeros del Instituto Nacional Electoral y la integración del Comité Técnico de Evaluación, el diputado Ignacio Mier Velazco, presidente de la Junta de Coordinación Política, indicó que “se suspende hasta que el Pleno se pronuncie”.
El coordinador de la bancada morenista, refirió que “será el Pleno quien lo determine, una vez que inicie el periodo ordinario de sesiones. En tanto, quedan suspendidas todas las etapas consideradas, tanto en la convocatoria como el proceso de integración del Comité Técnico”.
Detalló que la resolución está dirigida al Pleno de la Cámara de Diputados y no a la Jucopo. Por lo que, “será una vez que inicie el periodo ordinario cuando tome conocimiento el Pleno de la Cámara y en su caso, haga suyas las propuestas de modificación a la convocatoria y a la integración del Comité Técnico”.
Al respecto, Mier Velazco señaló que se realizó una revisión y se decidió por unanimidad de todos los partidos políticos que sea el Pleno quien se pronuncie y que “la Mesa Directiva tiene la función legal, por eso la vamos a auxiliar y le vamos a presentar una propuesta a través de la Dirección Jurídica. La Junta de Coordinación Política es el órgano superior de gobierno que tiene la Cámara, pero la representación legal la tiene la Mesa Directiva”.
Sobre la convocatoria, el líder parlamentario subrayó que hay tiempo suficiente porque “el proceso de renovación de las vacantes de Consejeros Electorales que concluyen su periodo, se llevan de 42 a 46 días; si tomamos en cuenta que va a sesionar a partir del 3 de febrero la Cámara, tenemos 58 días para poder atender el requerimiento”.
Reiteró que la violación e intromisión al Poder Legislativo se atenderá mediante la vía jurídica y ya “se instruyó a la Dirección de Asuntos Jurídicos que nos presentara una ruta jurídica, que puede ser desde el amparo indirecto, la controversia constitucional y en el caso de encontrar otro tipo de delitos de orden penal, como el de prevaricato; alejarse de su obligación que tienen los juzgadores, podríamos también recurrir a la Judicatura Federal para sanciones de carácter administrativo y en su caso juicio político”.
Adelantó que se integrarán todas las propuestas jurídicas y se aprobará la ruta “la próxima semana, la Junta de Coordinación Política, se están analizando todas estas rutas”.
Comments