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Propone Eduardo Alcántara para regular publicidad oficial y sancionar a medios


Foto: Twitter @AlcantaraEdu1

El diputado local por el PAN, Eduardo Alcántara Montiel presentó una iniciativa ante el pleno del congreso local para la regulación de la publicidad oficial, la asignación de recursos públicos, así como la imposición de sanciones a servidores públicos y medios de comunicación que violen la ley en la entidad.


El legislador propuso expedir la Ley para la Asignación de Publicidad Oficial del Estado de Puebla, para que la asignación de publicidad sea transparente y evitar la promoción personal de políticos.


Sugiere que ningún medio de comunicación reciba más del 15% de la inversión anual en publicidad oficial y prohibir que obtengan un porcentaje mayor al 30% de la totalidad de la pauta oficial prevista para una campaña particular.


En cuanto a las sanciones, propone que los medios que den información falsa para su registro en el padrón y la asignación de una campaña o contrato de publicidad oficial, reciban una multa de hasta 518 mil 700 pesos, equivalente a 5 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).


La iniciativa que se encuentra en análisis de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso de Puebla, contiene 76 artículos y siete transitorios, con el objetivo de controlar los recursos públicos en materia de publicidad oficial y regular los criterios que, según Eduardo Alcántara, deben regir a los medios de comunicación.


Plantea que en el caso del Gobierno de Puebla, se otorgue el carácter de dependencia ejecutora a la Coordinación de Comunicación Social —actualmente a cargo de Alejandro Suárez Garza— por ser la encargada de diseñar, difundir y supervisar la información generada por las dependencias, concentrando el gasto que se genere por esa actividad.


Sugiere que la Ley para la Asignación de Publicidad Oficial rija a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los municipios, las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, los organismos autónomos y todas aquellas personas físicas o morales privadas o sociales que asignen recursos públicos en el rubro de publicidad oficial.


Se fijan límites a los porcentajes para la adjudicación dentro de un mismo ejercicio o en una sola campaña, a fin de evitar que se utilicen para influir en los medios de comunicación.


Padrón estatal de medios de comunicación


Se crea un Padrón Estatal de Medios Impresos, Electrónicos, Digitales y Sociodigitales, a cargo de los sujetos obligados, como concentrador de la información de los medios interesados en participar en la asignación de publicidad oficial.


En ese registro se establecerán, de forma desagregada, los parámetros para que de manera objetiva se tenga acceso a la información útil para la asignación de campañas publicitarias.


El padrón, según la iniciativa, servirá para transparentar los datos relacionados con los medios de comunicación a fin de que los sujetos obligados (gobierno, municipios, organismos autónomos) cuenten con un concentrado para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley.


Además, el legislador del PAN propone que cada sujeto obligado haga público el monto presupuestal total destinado a la comunicación, el programa anual de comunicación social aprobado, la distribución del gasto en publicidad oficial, los contratos celebrados, los pagos realizados y el número de anuncios publicados, difundidos o transmitidos en los medios.


Para ello, deberán constituir una Unidad para la Asignación de Publicidad Oficial. Para el Poder Ejecutivo se integrará por los representantes de la Coordinación de Comunicación Social de la Secretaría de Administración y por un representante de la Secretaría de la Función Pública (SFP), como observador.


Alcántara Montiel sugiere integrar un Consejo Consultivo para la Evaluación y Seguimiento de la Publicidad Oficial, conformado por cinco personas que participarán con carácter honorario y con duración escalonada de su encargo.


Se establece un régimen de responsabilidades y sanciones para servidores públicos y medios que violenten la ley, las cuales serán independiente de las acciones civiles o penales.

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