*La petista Mónica Silva Ruiz presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Puebla para ampliar las sanciones por feminicidio
Para imponer hasta 70 años de prisión por el delito de feminicidio en contra de menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad la diputada local Mónica Silva Ruiz, propuso reformar el Código Penal del Estado de Puebla en el acápite y las fracciones IV, VII, IX y XI del artículo 338 y el 338 Quater del Código Penal del Estado de Puebla.
Esta modificación trata de homologar la ley local con la federal y la pena aplicará cuando las víctimas sean niñas, adolescentes, personas adultas mayores o con discapacidad; además, cuando el perpetrador sea funcionario y haya cometido el delito valiéndose de su condición.
La petista señaló que a las mujeres se les ha desvalorizado y cosificado y que la violencia en su contra está tan arraigada y normalizada que han incorporado en su rutina diaria medidas de seguridad tales como: tomarse una foto antes de salir, avisarle a alguien dónde van y cuál será su ruta, compartir su ubicación en tiempo real y buscar herramientas de defensa personal.
“Eso no debería ser normal, queremos vivir, desarrollarnos, disfrutar de los lugares, de nuestras amistades, parejas, de nuestras familias con seguridad y, aunque cada día hacemos todo para vivir plenamente, las violencias están ahí, acechando, sin importar edad, condición social ni niveles de estudio”, dijo.
La diputada por el distrito de Amozoc puntualizó que son al menos 10 mujeres al día asesinadas y antes de que fueran victimadas muchas de ellas sufrieron violencias en los ámbitos comunitario, político, familiar y laboral.
El delito de feminicidio se encuentra tipificado en el Código Penal y se castiga con penas que van de los 40 hasta los 70 años de prisión por privar de la vida a una mujer por razones de género; sin embargo, la legisladora del PT propuso incorporar lo siguiente:
Cuando existan antecedentes o datos de violencia en los ámbitos comunitario y político, respecto de los que exista información de que hubo amenazas directas o indirectas; que el cuerpo además de expuesto y exhibido haya sido arrojado o depositado en un lugar público y que el sujeto activo haya obligado a la víctima a realizar una actividad o trabajo o haya ejercido explotación sobre ella.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso local, para su estudio y resolución procedente.
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