*La iniciativa señala que, cuando una persona sea declarada penalmente responsable de la comisión del delito, la autoridad judicial deberá condenarla al pago de la reparación del daño
Con el objetivo de establecer la reparación del daño en los casos de feminicidio, la diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia presentó una iniciativa de reforma a la fracción XXXIV del artículo 6 y la adición de los párrafos segundo y tercero, recorriéndose el orden de los subsecuentes del artículo 23 de la Ley de Víctimas del Estado.
En sesión ordinaria de la LXI Legislatura del Congreso del Estado se presentó la propuesta, la cual especifica que, cuando una persona sea declarada penalmente responsable de la comisión del delito de feminicidio, la autoridad judicial competente que tenga conocimiento deberá condenarla al pago de la reparación integral del daño, a favor de la víctima u ofendidos, en todos los casos.
Además, cuando sean personas servidoras públicas las que cometan cualquiera de los delitos materia de esta Ley, las víctimas serán resarcidas por el Estado, en términos de la legislación aplicable.
Durante su participación en Tribuna, la legisladora detalló que, en buena medida, las madres de las víctimas de feminicidio son quienes dan seguimiento a los trámites y se quedan a cargo de las y los menores en estado de orfandad, por lo que es necesario garantizar la reparación del daño.
En otro momento de la sesión, el diputado Oswaldo Jiménez López presentó una iniciativa para reformar las fracciones V y VI del artículo 39 y del inciso a) de la fracción XIII del artículo 52 de la Ley para Prevenir y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, con el objetivo de señalar que las autoridades estatales y municipales deberán promover la atención a víctimas garantizando, en todo momento, su seguridad, así como un trato digno, respetuoso y adecuado.
Las iniciativas de la diputada Mónica Rodríguez y del diputado Oswaldo Jiménez fueron turnadas a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución procedente.
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