Pugna contra armerías permanece envuelta en escepticismo; Corte estadounidense cuestiona demanda

Varios Jueces vincularon el contrabando de armas de fuego hacia México con presunta corrupción y dijeron que la disputa judicial implica restricciones de venta y mercadotecnia.

San Diego.

Un grupo de magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos declararon ayer escepticismo después de escuchar los argumentos presentados por fabricantes de armas de fuego a quienes México ha demandado por el flujo de arsenales que usa el crimen organizado mexicano.

Un juez liberal y uno conservador se pronunciaron contra de la demanda que México presentó en 2021.

La juez Ketanji Brown Jackson dijo que la demanda implica restricciones a la venta y publicidad del mercado de armas de fuego que correspondería responder al congreso, no a la corte.

Pero el juez Alito Stetson fue más drástico al vincular el contrabando de armas de fuego a México con presunta corrupción. “Hay ciudadanos estadunidenses que piensan que funcionarios del gobierno mexicano contribuyen a una gran cantidad de conducta ilegal aquí (en Estados Unidos)”, según el juez.

“Supongamos que uno de los 50 estados demandó al gobierno de México por ayudar e incitar a la conducta ilegal dentro de las fronteras de ese estado que hace que ese estado incurra en costos por imponer la ley, costos de bienestar, otros costos”, indicó al cuestionar si México estaría dispuesto a indemnizar ese estado.

Sin embargo, el mismo juez Stetson consideró que “este tribunal no debe responder por las acusaciones de México, pero debe asumir que son ciertas; México debería tener la oportunidad de probar su caso”.

Los fabricantes de armas llevaron el caso hasta el máximo tribunal luego de que una corte federal falló a favor de México y un tribunal de apelaciones reiteró el mismo fallo.

Ante la corte las armerías, encabezadas por la fábrica Smith and Wesson, insistieron al máximo tribunal el mismo argumento que presentaron a las cortes federal y de apelaciones, que una ley federal, el Acta de Protección Legal al Comercio de Armas.

Esa ley blinda a los fabricantes de armas ante demandas por daños, al librarlos de responsabilidad de lo que los consumidores estadunidenses hagan con las armas después de que las compran.

Hay prueba a nuestro favor: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la Corte Suprema de Estados Unidos tiene “una prueba muy contundente” para fallar en favor de México en la demanda impuesta contra las productoras y distribuidoras de armas.

Previo a la audiencia ante la Corte Suprema de EU, como parte de la demanda de México, Sheinbaum enfatizó que ésta es en contra de quienes manufacturan las armas, como de quienes las distribuyen.

“Ellos tienen la prueba, la más contundente, el 8 de enero el Departamento de Justicia reconoció que 74% de las armas incautadas en México proviene ilegalmente de EU. Eso es una prueba muy contundente”, sostuvo.

Ximena Mejía

“Omisiones generan violencia”

El Gobierno de México, mediante la Cancillería, expuso ayer sus argumentos ante la Suprema Corte de Estados Unidos en torno a la demanda que mantiene contra empresas fabricantes y distribuidoras de armas por sus prácticas comerciales negligentes.

El máximo tribunal determinará si estas empresas gozan de inmunidad a partir de la Segunda Enmienda, aun cuando incurren en este tipo de prácticas.

La audiencia ocurrió en el marco de la demanda presentada en agosto de 2021 en contra de ocho armerías ante una Corte Federal en Boston, Massachusetts.

En enero del año pasado, en un hecho sin precedentes, la Corte de Apelaciones para el Primer Circuito falló en favor de México.

La Secretaría de Relaciones Exteriores destacó que durante la audiencia celebrada ayer, México sostuvo que las acciones y omisiones de estas empresas permiten que sus armas de fuego sean traficadas a nuestro país, causando violencia y sufrimiento a su población, por lo que no gozan de inmunidad a la luz de la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas de Estados Unidos. Nuestro país confía plenamente en la solidez de los planteamientos jurídicos expuestos ante la Corte.

“México tiene leyes de armas estrictas y sólo hay un vendedor de armas en todo el país. Sin embargo, las organizaciones criminales adquieren armas que han derribado helicópteros militares mexicanos y armas semiautomáticas de alto calibre como los rifles AR-15, todas ellas, armas que los civiles no pueden comprar legalmente en México. Éstas se utilizan para matar y herir a decenas de miles de mexicanos cada año.

“Si las empresas arrojaran sustancias químicas tóxicas al otro lado de la frontera, un país vecino tomaría medidas para detenerlo. De la misma manera, la presidenta Claudia Sheinbaum se ha comprometido a cerrar el río Bravo del tráfico ilegal de armas. Y si lo logramos, el pueblo de EU se beneficiará tanto como el pueblo de México. Para detener a los cárteles, hay que cortarles el suministro de armas de fuego”, afirmó a su salida de la Corte Suprema, Pablo Arrocha Olabuenaga, consultor jurídico de la SRE.

Reiteró que este caso no versa sobre la Segunda Enmienda constitucional ni sobre el derecho de los estadunidenses a portar armas.

Enrique Sánchez