Javier Laynez, ministro de la corte, admitió el recurso interpuesto por el instituto contra el Plan B de la reforma electoral.
En un nuevo traspié para el plan B de la reforma electoral, la Corte ordenó suspender su aplicación tras admitir a trámite la impugnación del Instituto Nacional Electoral (INE)
“El día de hoy el Ministro Ponente Javier Laynez Potisek admitió la demanda de Controversia Constitucional que interpuso el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra del ‘Decreto por el que se reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que expide una nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral”, informó la SCJN.
Dicha suspensión fue otorgada debido a que el Decreto no sólo contiene normas de carácter general sino también actos concretos de aplicación, sobre los cuales la suspensión generalmente se concede.
Al aceptar a trámite una controversia constitucional interpuesta por el INE, el ministro del Alto Tribunal estimó que la aplicación de las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión el mes pasado podrían violar los derechos políticos-electorales de la ciudadanía, por lo que concedió la suspensión solicitada.
Al admitir la demanda de Controversia Constitucional que interpuso el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra del ‘Decreto por el que se reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que expide una nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral’.
Ministro Instructor de la SCJN, solicitó a las autoridades demandadas que son el Congreso de la Unión y Ejecutivo Federal que presenten su contestación dentro del plazo legal.
Cabe destacar que la SCJN ha resuelto en ocasiones anteriores que en Controversias Constitucionales sí corresponde otorgar la suspensión aun tratándose de leyes, cuando pudieran vulnerar de manera irreparable derechos humanos.
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