El Tribunal pronostica un proceso de alta litigiosidad, derivado de la competencia e importancia de los cargos que están en juego
El TEPJF advirtió que el proceso electoral 2023-2024 será uno de los más litigiosos de la historia reciente, debido a la alta competencia y la importancia de los cargos en disputa, como parte de su justificación de petición de presupuesto para 2024, donde estima más de 18 mil impugnaciones.
En el documento se prevé la necesidad de contratar 634 plazas eventuales, de enero a octubre del próximo año —lo que implicaría un gasto de 890 millones de pesos—, a fin de poder desahogar los asuntos y calificar las distintas elecciones federales y de gobernador de nueve entidades.
El TEPJF estima un incremento en las demandas, dada la tendencia al alza observada en años pasados.
Hasta el pasado 28 de junio, el Tribunal había recibido 184 demandas, “de las cuales, 89% se relacionan con denuncias de vulneraciones a la normativa electoral, tales como promoción personalizada, propaganda gubernamental, actos anticipados de campaña y precampaña y uso indebido de recursos públicos. Sin embargo, es posible que las demandas aumenten de forma importante en los procesos internos de selección de candidatos y después de la jornada electoral”, indicó.
Adicional a la contratación de eventuales, el TEPJF calcula 84.7 millones de pesos para posibles recuentos de votos, así como 70 millones para programas especiales de comunicación social, acompañamiento a observadores y visitantes extranjeros.
Esperan récord en quejas electorales
En su justificación de petición de presupuesto 2024, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación “anticipa que el proceso electoral de 2024 será uno de los más litigiosos debido a la alta competencia y la importancia de los cargos en disputa”, por lo que podría sobrepasar las 18 mil impugnaciones y para lo que necesita contratar 634 plazas eventuales, de enero a octubre, a fin de poder desahogar los asuntos y calificar las distintas elecciones federales y de gobernador de nueve entidades.
En el documento entregado al gobierno federal, el Tribunal informó que, relacionado con el proceso electoral 2024, al 28 de junio, “se han recibido 184 demandas, de las cuales 89% se relacionan con denuncias de vulneraciones a la normativa electoral”.
Se menciona que se ha observado en años pasados “una tendencia general de recepción de asuntos al alza, por lo que, de seguir este comportamiento de los datos, es posible que en 2024 exista un mayor número de impugnaciones que en años anteriores con las mismas características”, como 2018.
Explica, que se espera que “la capacidad de respuesta exigida por la ciudadanía sea más alta que en cualquier otro año del que se tenga registro”, y, por lo tanto, se calcula la contratación de 634 plazas eventuales. Para estas contrataciones se prevén 890 millones de pesos.
En adición, 70 millones se ocuparán para programas especiales de comunicación social, acompañamiento a observadores y visitantes extranjeros y 56.6 millones para gasto no regularizable para instalación de equipo de telecomunicaciones, seguridad informática del Tribunal, mantenimiento de canales de justicia abierta y digital, entre otros.
Hay que agregar también un fondo de 84.7 millones de pesos para posibles recuentos de votos, y para su gasto base de operación, 2 mil 788.6 millones de pesos: en total, 3 mil 890 millones de presupuesto.
En entrevista con medios nacionales, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, explicó que las y los magistrados siempre han estado sujetos a presiones públicas, “pero cuando se traducen en decisiones como lo son las presupuestales, esto si puede tener una incidencia o afectación al cumplimiento de obligaciones constitucionales o legales”.
Comentó que, hasta ahora, esos recortes de algunas decenas de millones de pesos para el Tribunal, en años anteriores, no han significado el que se comprometa el cumplimiento de las obligaciones y facultades de ese órgano jurisdiccional, y deseó que, para 2024, tampoco se materialice esa situación, tal como ya ocurrió con el INE, que no pudo instalar el total de casillas exigidas por la ley para la consulta de revocación de mandato en 2022.
El magistrado presidente confió en que “tenemos un ejercicio de presupuestación para el 2024, que nos permite prever que la Cámara de Diputados aprobará el presupuesto que necesita el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación porque los antecedentes son que se aprobó una cantidad igual en el 2018 y si comparamos en términos reales para el 23 que es igual al de 2018, en términos reales es menor en 25 por ciento”.
Esto significa unos mil 300 millones de pesos menos que se lograron por “un ejercicio de contención del gasto público, de racionalidad, de calidad de gasto público, por supuesto nos ocupamos de que el presupuesto del Tribunal esté justificado en función de nuestra operación ordinaria.”
Más temprano, luego de la inauguración del seminario Elecciones 2024 en México. Acompañamiento Electoral Jurisdiccional Internacional, que se lleva a cabo en el Colegio de México, el magistrado presidente informó que acudirá a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de diputados la próxima semana, para hablar del proyecto de presupuesto que el TEPJF solicitó para el 2024.
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