El presidente hizo un llamado a la Corte a resolver la impugnación a la Ley General de Comunicación Social que lleva atorada desde 2018.
La presidencia de la República, por medio de su Consejería Jurídica, demandó a la Suprema Corte de Justicia de La Nación, una resolución sobre la constitucionalidad de la reforma a la Ley General de Comunicación Social el 11 de mayo de 2018, incluso antes de hacer un pronunciamiento respecto a las reformas en materia de seguridad aprobadas recientemente.
"La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal solicitó formalmente a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que, en orden de prelación y por seguridad jurídica, el alto tribunal proceda a resolver primero sobre la constitucionalidad del decreto que expidió la Ley General de Comunicación Social (LGSC) el 11 de mayo de 2018, y luego se analice la validez de la reforma a dicha norma, aprobada en diciembre de 2022", señaló la Consejería en un comunicado.
La Consejería recordó que la LGCS fue aprobada antes del inicio del proceso electoral federal 2017-2018, cuando el PRI y el PAN eran los partidos mayoritarios, y con la oposición de Morena, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el partido Movimiento Ciudadano, que alegaron que hubo vicios en el procedimiento legislativo.
"Al dar trámite a la acción de inconstitucionalidad 52/2018 y sus acumuladas 53/2018 y 55/2018, la SCJN consideró que la LGCS impugnada no tenía carácter electoral ni concedió la suspensión solicitada por estimar que era una norma general y abstracta; contrario a lo que ahora se resolvió en la diversa acción de inconstitucionalidad 29/2023 y sus acumuladas, relativa al decreto por el que se reforman las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, aprobadas en diciembre de 2022 (plan B)", expuso la Consejería.
La presidencia cuestionó que, a la fecha, la Corte no haya dictado sentencia definitiva a pesar de que han transcurrido prácticamente cinco años desde la primera impugnación a la LGCS, en 2018.
"La solicitud de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal es con el propósito de evitar la emisión de sentencias contradictorias que violenten los principios de certeza y seguridad jurídica en perjuicio del pueblo de México, por lo que hace un respetuoso llamado a la SCJN para que resuelva los asuntos de su conocimiento sin consignas ni distingos políticos, por el bien de la República y el sano equilibrio entre los Poderes de la Unión", recalcó la consejería de la presidencia.
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