*El reto es garantizar su participación libre de violencia y el ejercicio de sus cargos sin presiones, señalan consejeras
Al menos la mitad de los más de 20 mil cargos en juego durante el Proceso Electoral Federal 2023-2024 y concurrentes deben recaer en candidaturas de mujeres, por lo que el reto para partidos políticos y autoridades electorales es garantizar su participación libre de violencia y el ejercicio de sus cargos sin presiones, sobre todo en los municipios, donde ocurren 70 por ciento de los casos.
Las consejeras Rita Bell López Vences, Carla Humphrey Jordan, Dania Ravel Cuevas y Claudia Zavala Pérez, coincidieron durante su participación en el foro «Los derechos de las mujeres: Más allá del sufragio en su septuagésimo aniversario”, organizado por la Comisión Interna de Igualdad de Género del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Deben cambiar las prácticas de la política
Al participar en la Mesa 1. “Los principales retos para las mujeres ante el proceso electoral 2023-2024”, la consejera Rita Bell López Vences aseveró que “no podemos seguir con las mismas prácticas de la política”, pues se requiere que los partidos políticos volteen a ver sus propios liderazgos para “ir revisando otras formas, porque el municipio tiene su propia dinámica, tiene otro tipo de forma de estructurarse, de trabajar, de hacer campaña de electorado”, las cuales deben dirigirse a lograr “que más mujeres lleguen a las presidencias municipales”.
Refirió las situaciones de diversidad pluricultural en las que, además de garantizar el derecho de las mujeres indígenas y afromexicanas a su propia identidad, hace falta reconocer que “ellas puedan hacer campaña con toda dignidad y con todo respeto”, porque tienen las mismas capacidades que los hombres para demostrar que representan o ejercen un poder.
López Vences reconoció que a 70 años de distancia se han logrado derribar barreras en torno de la participación de las mujeres en la política, pero “lo cierto es que todavía nos hacen falta muchas cosas por lograr, y una de ellas es el cambio sociocultural, que es el que lleva más tiempo” para eliminar una cultura patriarcal y discriminatoria.
Setenta por ciento de los casos de violencia política, en el ámbito municipal
En su intervención, la consejera Carla Humphrey Jordan señaló que en las elecciones del año 2024 se disputarán más de 20 mil cargos de elección popular y que, por disposición constitucional, al menos la mitad tienen que ser ocupados por mujeres.
El reto, dijo, no sólo es incrementar la participación política de mujeres en estos comicios, sino “garantizarles que no sean violentadas por querer ocupar un cargo público, que sepan que pueden ocupar cualquiera de esos espacios, y posteriormente que puedan ejercer el cargo y que cuentan con herramientas para denunciar cualquier tipo de violencia”.
La consejera Humphrey Jordan advirtió que más del 70 por ciento de los casos de violencia política surgen en el ámbito municipal y “es aquí donde tenemos una deuda muy importante y donde tenemos que trabajar de la mano de los municipios, para garantizar que las mujeres no sean violentadas por querer ocupar un cargo público”.
En la elección más grande que se realizará en el país, la Consejera Electoral consideró importante tener herramientas para que las mujeres puedan defender sus derechos político-electorales; por lo que indicó que ya se trabaja en una defensoría de mujeres víctimas de violencia política.
Participación de mujeres en condiciones de igualdad y libres de discriminación
En su oportunidad, la consejera Dania Ravel Cuevas estableció que uno de los retos del INE es propiciar la toma de medidas en el ámbito municipal, donde el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (RNPS), tiene inscrito el 72 por ciento de los casos de violencia política.
Por ello, agregó, el Instituto, con la confluencia de los Organismos Públicos Locales Electorales, ha hecho la presentación de un Protocolo Modelo para la atención de primer contacto con víctimas, así como para la identificación de factores de riesgo en los casos de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.
Otro reto en el PEF 2023-2024, prosiguió, será hacer efectiva la Ley 3 de 3 contra la violencia, con la cual “tenemos que evitar que personas que hayan atentado contra la vida y la integridad corporal de una mujer, contra su libertad y seguridad sexual; que hayan violado su intimidad sexual o hayan cometido el delito de violencia política contra ellas en razón de género, o sean personas deudoras alimentarias morosas”, lleguen a cargos públicos o puestos de elección popular.
Puntualizó que se deben tomar las medidas para que las mujeres puedan participar en condiciones de igualdad y libres de todo tipo de discriminación, “porque somos más de la mitad de la población y sin nosotras no hay democracia”.
Urgente llamado a construir una pedagogía de género
Posteriormente, en la Mesa 2. “Los derechos de las mujeres más allá del día de las elecciones”, la consejera Claudia Zavala Pérez manifestó que uno de los principales retos en el ámbito electoral es que el RNPS, así como la Ley 3 de 3, no sean considerados “como elementos meramente decorativos de nuestra legislación”.
Es urgente construir, añadió, una ética pública de respeto y reconocimiento a la mujer, no sólo en el terreno público, sino también en el privado, “de modo que las reglas y acciones institucionales que se han puesto en marcha para lograr la paridad legislativa, disminuyan la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres que ejercen la actividad pública”.
Finalmente, hizo un llamado urgente a la necesidad de construir una pedagogía de género, a partir de la apropiación de la perspectiva de género como eje renovador de la ética pública, y “como el ingrediente definitorio de nuestra forma de hacer política y que ha permitido el posicionamiento de temas que antes no se discutían en la agenda pública y ahora están impulsando la construcción de una nueva sociedad”.
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