*El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, informó que descubrió la red de corrupción que extrajo 745 millones de dólares del erario.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, informó que la dependencia descubrió una red de corrupción orquestada por Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública (2006-2012).
A través de lavado de dinero y delincuencia organizada el ex funcionario federal extrajo, mediante contratos otorgados, 745 millones de dólares del erario de México.
Mediante un conglomerado de empresas familiares, que operan en distintos países, García Luna obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México, una vez que estas empresas obtuvieron los recursos, trasladaron el dinero a paraísos fiscales de El Caribe, después el dinero era triangulado hacia Miami, Florida.
“Ellos no tenían recursos en el Estado Financiero Mexicano, sino utilizaban el Estado Financiero para sacar los recursos que cobraban en los contratos que García Luna promovía que se hicieran con dependencias públicas”, explicó Pablo Gómez.
El titular de la UIF señaló que los recursos extraídos ilícitamente del erario público fueron trasladados al extranjero a través de distintos mecanismos para ocultar su rastreo, por lo que los implicados lavaban este dinero a través de la compra de inmuebles y otros activos.
Detalló que la UIF identificó que en esta red de corrupción era manejada, aparentemente, por García Luna pues pudieron corroborar que una de las empresas realizó una transferencia a García Luna por 10 millones de dólares, por lo que el Gobierno de México presentó una denuncia en el tribunal undécimo de Florida, Estados Unidos.
Pablo Gómez, además, detalló que para esta trama fiscal se utilizaron 44 empresas, además se dio a conocer que, como parte del proceso judicial, la corte de Estados Unidos aseguró vehículos Lamborghini, Ferrari, Rolls Royce, Maserati, así como yates y otras propiedades con un valor de 17 millones 930 mil dólares.
Agregó que el Gobierno de México buscará recuperar una serie de inmuebles valorados en 21 millones 725 mil dólares y que fueron vendidos antes de que iniciara el juicio, además de 24 vehículos, que según Pablo Gómez, fueron comprados con “el dinero defraudado al pueblo de México”.
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